Juez sancionó a Gustavo Petro por desacato: deberá pagar multa por no retractarse de acusaciones contra directivo de Coosalud

Un juez administrativo de Bogotá sancionó al presidente Gustavo Petro con una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por desobedecer una sentencia de tutela que lo obligaba a retractarse de las acusaciones sin pruebas que dirigió contra Jaime Miguel González Montaño, dueño y gerente de la EPS Coosalud.

El fallo, proferido el 14 de abril de 2026, refleja la insistencia de la justicia en proteger el derecho al buen nombre y la honra en el contexto de controversias políticas de alto impacto, según quedó consignado en la decisión del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.

La sentencia de tutela en cuestión fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de noviembre de 2025 y establecía un plazo de cinco días para que el presidente Petro ofreciera excusas públicas a González Montaño por haberlo calificado de corrupto.

Los jueces consideraron probado que las afirmaciones realizadas por el mandatario, en las que se atribuía un aumento irregular de la deuda de Coosalud a la gestión del exgerente, carecían de sustento probatorio y lesionaban derechos fundamentales.

El juzgado identificó una conducta reiterada de desacato. Existen registros de que el 26 de enero de 2026 se cursó un requerimiento al presidente para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia, concediéndole un plazo de 48 horas para reportar acciones concretas orientadas a la retractación pública.

No obstante, el despacho judicial concluyó que no hay evidencia de que el presidente hubiese publicado las disculpas en la red social X ni realizado la intervención pública exigida, como lo ordenaba el fallo original. Esta omisión sostuvo la apertura formal del incidente de desacato.

El proceso judicial tiene su origen en una serie de declaraciones públicas realizadas por el jefe de Estado en medio del debate nacional sobre la situación financiera del sistema de salud.

En esas intervenciones, Petro señaló directamente a González Montaño de presuntas irregularidades durante su gestión al frente de Coosalud, incluyendo afirmaciones sobre un incremento injustificado en la deuda de la entidad.

De acuerdo con los documentos judiciales, el mandatario llegó a afirmar que “se robaron la plata”, una acusación que fue considerada por los jueces como una imputación grave sin respaldo probatorio.

Además, mencionó supuestos movimientos financieros hacia una empresa extranjera y la existencia de préstamos personales por cifras superiores a los 220.000 millones de pesos, lo que incrementó el impacto de sus declaraciones en la opinión pública.

El tribunal que conoció inicialmente la tutela determinó que dichas afirmaciones vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del directivo. Por esta razón, ordenó una retractación en condiciones equivalentes a las que se produjeron las acusaciones: una publicación en la red social X y una intervención pública clara en la que se ofrecieran excusas.

Sin embargo, el incumplimiento de esta orden derivó en el incidente de desacato que ahora culmina con la imposición de la multa. El juzgado subrayó que no se aportaron pruebas suficientes que acreditaran una rectificación efectiva, lo que llevó a concluir que la orden judicial no fue acatada.

Tras la decisión del juez de sancionarlo con la multa por desacato, el presidente reiteró y endureció sus señalamientos. “El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, escribió.

En el mismo pronunciamiento, Gustavo Petro aseguró que “la auditoría forense demostró que efectivamente como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”, insistiendo en que sus denuncias tienen sustento técnico.

El jefe de Estado también adoptó un tono desafiante frente a las decisiones judiciales al afirmar: “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”.

Adicionalmente, el mandatario cuestionó a integrantes de antiguas juntas directivas del sector salud y pidió explicaciones públicas. “Que responda el hermano de Pacho Santos y el expresidente Andrés Pastrana (…) por qué autorizaron el préstamo leonino al gerente González y por qué el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Saludcoop que me da la razón”, señaló.