Jorge Iván Ospina, recién asignado como interventor de la Nueva EPS, enfrenta un proceso penal y una decena de investigaciones por presunta corrupción durante su gestión como alcalde de Cali, lo que ha intensificado el escrutinio sobre las decisiones del Gobierno nacional respecto a nombramientos en cargos clave del sector salud.
De acuerdo con información obtenida por La FM, la Fiscalía General de la Nación tiene abiertas once investigaciones en contra de Ospina, entre ellas un juicio formal basado en pruebas técnicas que comprometen la legalidad de contratos públicos por más de $10.300 millones.
Según el medio citado, la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali mantiene activos once expedientes contra el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
El panorama de cargos es amplio: los procesos contemplan delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y por omisión, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, así como fraude a resolución judicial. Estos expedientes derivan de investigaciones sobre millonarios contratos ejecutados bajo su administración.
De las once investigaciones, diez se hallan en etapa preliminar, mientras que uno de los casos llegó a juicio. Esta causa se lleva ante el juzgado décimo de conocimiento en Cali y centra sus acusaciones en un contrato firmado entre la alcaldía y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para el alumbrado navideño de 2020.
La Fiscalía sostiene que el proceso contractual careció de los requisitos legales y que la adjudicación del convenio se hizo de manera directa, lo que habría impedido la transparencia y libre concurrencia exigida por la normativa pública.
En el caso vinculado a la adjudicación del contrato de alumbrado de 2020 —por un valor superior a los 10.300 millones de pesos—, la Fiscalía atribuye responsabilidades a Ospina y a otros dos exfuncionarios de la administración local: Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali, y Marco Aurelio Vera Díaz, exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos Municipales.
La acusación argumenta que, el 26 de agosto de 2020, los tres funcionarios concretaron un convenio interadministrativo, modalidad que, según los investigadores, no garantizó el proceso licitatorio abierto requerido para este tipo de contratos.
El ente investigador afirmó que las leyes actuales obligan a la apertura de una licitación pública para convenios de este tipo, a fin de maximizar la transparencia y favorecer la mejor propuesta en beneficio de los intereses estatales.
Por la contundencia de las pruebas técnicas recabadas, Ospina fue citado formalmente a juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conforme lo reportó La FM.
Las pesquisas que involucran a Ospina, Flórez y Vera Díaz surgen de sospechas sobre posibles irregularidades y contratos adjudicados de manera directa, también conocidos como “contratación a dedo”.
La dimensión económica de los contratos y la implicación de altos exfuncionarios configuran uno de los procesos de presunta corrupción más relevantes para la administración pública local en Cali.
Procesos e investigaciones que se llevan sobre Jorge Iván Ospina
Durante las últimas dos décadas, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, afrontó más de 60 investigaciones por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, aunque la mayoría fueron archivadas sin mayores avances.
Una de las primeras investigaciones, iniciada hace más de una década, involucró las obras de adecuación del estadio Pascual Guerrero para el Mundial Sub-20 de 2011, en el que la adquisición de una pantalla LED habría costado 37 veces más que su precio real, generando presunto detrimento patrimonial según la Contraloría.
En 2019, el Juzgado Octavo Penal del Circuito recibió un caso sobre un contrato de publicidad por 460 millones de pesos, firmado durante la primera alcaldía de Ospina. La Fiscalía le imputó cargos por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
La empresa contratada, Visión Digital Comunicación Estratégica Ltda., se habría constituido dos días antes de la firma. Este contrato fue anulado y posteriormente se suscribió uno nuevo con una persona natural, Guillermo Eduardo Lombana Zapata, quien afirmó haber recibido el pago tras la rescisión del primer contrato.
En 2023, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de 26 cuentas bancarias y siete inmuebles de Ospina, en relación con contratos para el mantenimiento de cámaras de seguridad de Cali, lo que habría causado un detrimento superior a $1.854 millones. También se investigan contratos en Emcali, especialmente el contrato 500-CS-2039 de 2022, que incluía compras de equipos a precios elevados.
Ese mismo año, la Procuraduría General profirió pliego de cargos y sancionó a Ospina con cuatro meses de suspensión por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali 2020, cuya contratación se habría realizado sin estudios previos adecuados. El exsecretario de Cultura, José Darwin Lenis Mejía, fue destituido e inhabilitado por nueve años.
En síntesis, Ospina enfrentó distintos procesos administrativos y judiciales, con medidas de embargo, sanciones disciplinarias y varias investigaciones aún en curso, pero sin sentencias condenatorias firmes en su contra hasta el momento.
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