Escándalo en la salud del magisterio por denuncias de irregularidades, suspensión de servicios y recursos bajo la lupa de la Fiscalía

Las alertas sobre el manejo de los recursos de salud del magisterio escalaron a un nuevo nivel en la tercera semana de abril, luego de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llevara sus denuncias ante la Fiscalía. La decisión abre un frente judicial en medio de un contexto ya tensionado por las fallas en la prestación del servicio.

La acción legal apunta directamente contra Sumimedical S.A.S., una de las IPS vinculadas al sistema, por lo que el fondo califica como posibles irregularidades en su operación. El anuncio se conoció en la madrugada del 15 de abril, en un momento especialmente sensible para el sector educativo.

Este mismo día, de hecho, docentes en todo el país salieron a paro convocados por Fecode, con un reclamo central: garantizar la estabilidad del modelo de salud definido en el Acuerdo 03 de 2024. En ese escenario, las denuncias del Fomag no solo añaden presión institucional, también profundizan la preocupación de los usuarios.

Según explicó la entidad, la denuncia fue presentada por su vicepresidente, Herman Bayona, y recogió una serie de situaciones que habrían afectado tanto la prestación del servicio como la administración de la información. “Por presuntas irregularidades relacionadas con su actuar como contratista”, señaló el documento oficial.

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con la supuesta interrupción de servicios. De acuerdo con el Fomag, durante un paro de 72 horas que comenzó el 24 de febrero en Antioquia, la IPS habría cancelado de forma “unilateral e injustificada” al menos 90 servicios de salud especializados, además de suspender traslados de pacientes hospitalizados.

“Dicha decisión comprometió la continuidad de tratamientos y puso en riesgo la vida de las personas afiliadas y beneficiarias, incluyendo pacientes con cáncer y afectando mayoritariamente a adultos mayores”, advirtió la entidad. Este hecho, según el fondo, evidencia un impacto directo en la atención de usuarios que dependen del sistema.

Otro de los frentes de la denuncia está relacionado con la operación tecnológica. Sumimedical no solo presta servicios médicos, también administra la plataforma Suim-Horus, clave para la gestión del sistema. El Fomag asegura que en febrero se habría suspendido de manera unilateral este servicio, bajo el argumento de falta de pago.

Sin embargo, la entidad sostiene que varias de las facturas estaban en proceso de revisión por haber sido radicadas fuera de los tiempos establecidos. Este punto abre un debate sobre la trazabilidad de los pagos y la gestión administrativa entre las partes. A esto se suma una situación que generó múltiples quejas entre los afiliados: el traslado de usuarios entre IPS sin su autorización. “El FOMAG recibió múltiples denuncias por cambios en la asignación de IPS realizados sin autorización de los afiliados ni validación de la entidad, vulnerando su derecho a la libre elección y la continuidad en la atención”, indicó el fondo.

Este tipo de movimientos, además de afectar la experiencia de los pacientes, podría tener implicaciones económicas entre los prestadores. El Fomag advierte que estos cambios podrían estar asociados a una posible manipulación de la información bajo control de la IPS.

Las alertas no terminan ahí. Durante auditorías recientes, realizadas los días 6 y 7 de abril, se detectaron inconsistencias en la información registrada en la plataforma tecnológica. “En las conciliaciones realizadas los días 6 y 7 de abril de 2026 con firmas auditoras, se evidenciaron diferencias significativas en estados y valores de facturas, incluyendo registros marcados como finalizados sin estarlo, alteraciones en la trazabilidad y variaciones en los montos facturados”, detalló el Fomag.

Para la entidad, estos hallazgos ponen en entredicho la confiabilidad del sistema y podrían traducirse en impactos económicos por miles de millones de pesos. La magnitud de las inconsistencias será ahora materia de investigación por parte de las autoridades. Finalmente, la denuncia incluye un cuarto elemento, la posible liquidación y pago de valores sin el cumplimiento de los requisitos legales. Este punto apunta directamente a la forma en que se habrían reconocido recursos a favor de la IPS, lo que podría configurar irregularidades adicionales.

En conjunto, los hechos descritos por el Fomag plantean un escenario complejo para el sistema de salud del magisterio, que atiende a más de 830.000 usuarios en el país. La entidad advierte que estas situaciones no solo afectan la operación cotidiana, también “sabotean la implementación del modelo de salud contemplado en el Acuerdo 03 de 2024″.