El domingo 14 de junio, un fuerte operativo policial tuvo lugar en el sector de Usaquén, al norte de Bogotá, luego de que vecinos de un edificio alertaron sobre un posible caso de abuso sexual contra un niño de aproximadamente seis años.
Según información recabada, residentes observaron lo que describieron como una situación preocupante desde la calle y balcones cercanos en el edificio Niido, ubicado en la calle 106A con avenida 19.
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La presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), permitió el rescate del niño, que fue trasladado a un hospital para su valoración médica.
Durante la intervención, las autoridades hallaron a otros dos menores de edad en el apartamento, que también recibieron atención médica y posteriormente fueron llevados a un centro asistencial. El vínculo de estos menores con el adulto señalado continúa bajo investigación.
Reacciones institucionales: exigencias de acción y protección

La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que condenó “de manera enfática el acto de violencia sexual perpetrado contra una menor de edad, presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá”.
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El organismo solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía de Infancia y Adolescencia, subrayando la importancia de garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones y verificar el restablecimiento de sus derechos.
“El Ministerio Público hizo presencia en el lugar y solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes para actuar con celeridad, contundencia y prioridad absoluta frente a este caso”, detalló la Procuraduría a través de su cuenta en X. Además, la institución llamó a la sociedad a rechazar cualquier manifestación de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
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Por su parte, Astrid Cáceres, directora del Icbf, agradeció a los ciudadanos que reportaron el caso y afirmó que la Policía de Infancia y Adolescencia puso a disposición de las autoridades administrativas a dos niñas y un niño, que están siendo evaluados por personal de salud.
Cáceres enfatizó la importancia de preservar la identidad de los menores y permitir que las autoridades trabajen con la información recolectada, señalando que “ningún adulto debe abusar de un niño o niña y el reporte ciudadano es fundamental para actuar a tiempo”.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, también reaccionó a través de X y advirtió: “Todo el peso de la ley para el abusador y sus cómplices”.
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Denuncias ciudadanas y cuestionamientos a los protocolos
La situación generó un fuerte reclamo social. Diana Diago, concejal de Bogotá denunció que los vecinos de Usaquén “tuvieron que presionar durante más de dos horas para que las autoridades se llevaran a un extranjero que presuntamente estaba abusando de un menor de edad en un apartamento donde se encontraban dos menores más”.
Diago cuestionó la actuación del Icbf, señalando que la comunidad denuncia que la entidad “nunca llegó” y que los menores fueron trasladados en la misma ambulancia que una mujer extranjera que también estaba en el apartamento.

“¿Dónde están los protocolos de protección a los menores? Exigimos urgentemente que el alcalde le dé la cara a los ciudadanos con claridad frente a lo que está pasando en Bogotá”, expresó la concejal en X.
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La congresista Mafe Carrascal sumó su voz al debate, rechazando el caso y exigiendo “que las autoridades investiguen a fondo, con celeridad y rigor, para que el agresor y quienes hayan participado, facilitado o encubierto estas barbaridades respondan ante la justicia”.
Carrascal solicitó al Icbf activar todas las rutas de protección y garantizar plenamente los derechos de los menores involucrados.

Estado actual de la investigación
De acuerdo con César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Sijín acudieron rápidamente tras la alerta de la comunidad, logrando rescatar al menor y poner al adulto bajo custodia policial para la verificación de su identidad y antecedentes.
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Hasta el cierre de esta nota, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no se ha pronunciado sobre los hechos. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer la responsabilidad de los adultos involucrados y el estado de los menores afectados.
Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, recordando que la protección de la infancia es una prioridad para el Estado colombiano.
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