Colombia rompe un nuevo récord de violencia contra líderes sociales en el Gobierno Petro y enciende las alarmas, este es el panorama

La violencia contra quienes defienden los derechos humanos volvió a escalar en Colombia hasta alcanzar uno de sus puntos más críticos en años recientes. Detrás de las cifras, lo que emerge es un panorama sostenido de riesgos, fallas institucionales y respuestas que, según organizaciones sociales, no han logrado contener la gravedad del problema.

El último informe del Programa Somos Defensores puso el foco en 2025, un año que quedó marcado como el más letal para el liderazgo social durante el actual Gobierno. Bajo el título Promesas rotas, el documento no solo presenta datos, sino que cuestiona directamente la capacidad del Estado para traducir su discurso en garantías reales de protección.

Las cifras son contundentes. Durante ese año fueron asesinados 165 defensores de derechos humanos, mientras que se registraron 874 agresiones contra 783 personas. En términos prácticos, esto significa que en Colombia se reportaron, en promedio, más de dos ataques diarios contra quienes trabajan en la defensa de derechos en sus territorios.

“No solo es el año con la cifra de violencia selectiva más alta que se ha presentado en este Gobierno, sino que es el año que registra en tercer lugar la cifra más alta si uno compara con el registro de lo sucedido en los últimos 15 años”, explicó Juan Manuel Quinche, responsable del sistema de información del programa.

El informe insistió en que el problema no es reciente ni aislado. Por el contrario, responde a una cadena de factores estructurales que no se resolvieron durante este periodo. “El actual Gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, señaló el documento, que se publicó a pocos meses del cierre del mandato presidencial.

Más allá del número de víctimas, el análisis intenta responder una pregunta de fondo: por qué, pese a los compromisos, las agresiones continúan. “Cuando se hace alusión al incremento de la violencia, distintos sectores han optado por referirse al ‘fracaso de la paz total’, una tesis con numerosos argumentos a favor, que en todo caso trasciende a un problema de diseño de política pública”, advirtió el balance.

En paralelo, otros indicadores refuerzan el deterioro del contexto. Según datos citados en el informe, más de 1,6 millones de personas se vieron afectadas por la violencia y el conflicto armado en 2025, una cifra que triplica la del año anterior. En particular, fenómenos como el desplazamiento forzado y el confinamiento alcanzaron niveles no vistos desde 2013. A juicio de la organización, hubo una desconexión evidente entre los pronunciamientos oficiales y las acciones concretas. “Pronunciamientos del jefe de Estado no coinciden con las actuaciones administrativas encargadas de adoptar medidas frente a los escenarios de riesgo que enfrentan las personas defensoras”, se dijo en el documento.

En ese mismo sentido, el modelo de protección vigente también queda bajo cuestionamiento. Aunque existen mecanismos individuales, estos no han sido suficientes para prevenir los ataques. “Hay un modelo de protección vigente que es altamente eficaz en medidas de protección individual, como un botón de pánico y un chaleco, pero no enfocadas en medidas preventivas”, señaló Quinche.

La Unidad Nacional de Protección, encargada de implementar estas estrategias, continúa operando, según el informe, bajo esquemas tradicionales que no logran responder a las dinámicas actuales de violencia. A pesar de los anuncios de modernización, los cambios aún no se reflejan en mejoras concretas en el terreno.

Otro elemento crítico es la impunidad. De acuerdo con el documento, solo el 12% de los asesinatos de defensores registrados entre 2002 y septiembre de 2025 derivó en una sentencia condenatoria. Este rezago también se evidencia en el ámbito digital: de 266 casos documentados de violencia en redes, ninguno ha llegado a juicio.

“Eso es alarmante, porque esto quiere decir que estos casos no están avanzando en debida forma, además de no ser certificados en forma correcta. Y, además, dentro de esos 265 casos, el 40% estaban inactivos. Entonces, la Fiscalía no cuenta ni con un procedimiento adecuado ni tampoco avanza en los casos que recibe”, explicó Quinche.

El informe también advirtió que muchas de las víctimas habían sufrido ataques previos antes de ser asesinadas, lo que evidencia fallas en la identificación temprana de riesgos. “Es muy importante ligar las agresiones que anteceden muchas veces al hecho mayor de gravedad, que son los asesinatos”, agregó.

En el segundo semestre del año, además, se registró un cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno, con un mayor énfasis en la ofensiva militar. En ese contexto, surgieron denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en departamentos como Cauca, Arauca y Guaviare.

Regiones como el Cauca concentraron nuevamente los mayores niveles de violencia, con comunidades indígenas entre las más afectadas. A esto se suma, según el informe, la falta de escucha a organizaciones civiles en territorios atravesados por disputas entre grupos armados. “No se ha escuchado debidamente a las instancias civiles y a los representantes de distintos sectores… esto es muy dramático”, concluyó Quinche, al describir un escenario donde las alertas siguen acumulándose sin respuestas suficientes.