
El presidente de la República, Gustavo Petro, enfrenta una nueva controversia nacional tras advertir públicamente que podría ordenar la salida de alcaldes locales que no acaten sus directrices, una acción que provocó la reacción inmediata de gremios regionales y reanimó el debate en torno a la autonomía territorial en Colombia.
“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó Petro. Esta declaración encendió la alarma en el ámbito regional, especialmente entre alcaldes y gobernadores, que de inmediato solicitaron respeto por el marco legal y los principios de descentralización.
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Asocapitales rechazó abiertamente las palabras del primer mandatario. En su pronunciamiento, la asociación afirmó: “Asocapitales rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente pueden salir de su puesto. Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida”.
Y agregó: “Vulnera principios como la autonomía territorial, la separación de poderes y el debido proceso son fundamentales, y que cualquier sanción contra estos funcionarios requiere intervención judicial. Por ello, hizo un llamado al presidente para que evite este tipo de expresiones y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto al mandato ciudadano y las vías institucionales”.
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Frente a los señalamientos de Asocapitales, el jefe de Estado dijo vía X que tiene la potestad de remover a cualquier funcionario público que no cumpla con su deber.

“No señores todo funcionario público cumple la constitución y la ley y el presidente de la república es el jefe de la administración pública, según la Constitución(sic)”.
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El jefe de Estado también recalcó que hay varios mandatarios locales que están más concentrados en las dinámicas electorales que en cumplir con la recolección de impuestos.
“Que un alcalde engañe a su pueblo en época electoral porque no ha cumplido su propio trabajo de readecuación de las tasas del impuesto predial de acuerdo a la condición económica de los propietarios y que luego los lance contra el gobierno nacional, es un delito de prevaricato. Y señalar el delito no es amenazar es prevenir(sic)"
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Gustavo Petro insistió en que la Constitución permite destituir alcaldes”

A su vez, el gobernante de los colombianos utilizó la misma plataforma digital para responder a las acusaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND) sobre la ilegalidad de destituir o mandar a la cárcel a alcaldes. Conforme a su análisis, la decisión de destituir alcaldes está amparada en la Constitución Política de Colombia.
En efecto, justificó la opción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 y vigente desde 1978, un tratado firmado por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se comprometen a respetar los derechos civiles y políticos en América Latina.
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“Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convencion americana de DDHH permite destituir alcaldes (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

En otro mensaje, el primer mandatario responsabilizó a las autoridades locales por la tasa del impuesto predial.
“Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, expresó el presidente, que agregó que “el Gobierno no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares (sic)”.
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