El presidente Gustavo Petro, anunció el traslado inmediato de los cabecillas de bandas criminales implicados en la fiesta celebrada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia un centro penitenciario en Bogotá. La declaración se realizó durante el consejo de ministros de este lunes 13 de abril, tras la polémica generada por la difusión de imágenes en las que se observa una celebración con la participación del cantante Nelson Velásquez.
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó Petro. El mandatario expuso que la medida busca poner fin a las irregularidades que se evidenciaron y restablecer la autoridad en el sistema penitenciario.
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Además, advirtió a quienes pretendan aprovechar los diálogos de paz para actividades ilícitas y mencionó una reducción reciente de cultivos de hoja de coca en el país, atribuyendo estos resultados a las políticas de su administración.
La reacción de la administración nacional llegó después de que se difundieran imágenes en redes sociales de la fiesta organizada el 8 de abril en el patio uno de la cárcel. En los videos se observa una parranda vallenata, mesas decoradas con abundante comida, botellas de licor, equipos de sonido profesional y la actuación de Velásquez. Según las denuncias realizadas por los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el evento habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, financiado por los propios internos, cabecillas de estructuras criminales.
Críticas de la concejal Claudia Carrasquilla
La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, se pronunció tras el anuncio presidencial, exigiendo claridad sobre los reclusos que serán trasladados y cuestionando la efectividad de la medida. “Ahora sale dizque a ‘corregir’ anunciando el traslado de los bandidos que hicieron fiesta en la cárcel de Itagüí, como si el problema fuera de dirección… y no de fondo”, expresó Carrasquilla en sus redes sociales.
La funcionaria criticó el hecho de que los cabecillas fueran reconocidos como gestores de paz y advirtió sobre el fortalecimiento de las estructuras criminales bajo el enfoque del gobierno. “¿Premio por delinquir? ¿Traslado como castigo después de una parranda?”, señaló, solicitando que se precise quiénes serán los presos trasladados y si estos coinciden con los 23 cabecillas congregados en Itagüí para los diálogos de paz.
Carrasquilla también responsabilizó a la administración nacional por el contexto en el que se presentó la celebración, al considerar que la distinción de gestor de paz facilitó que los líderes criminales mantuvieran privilegios dentro del penal.
Detalles de la fiesta y situación interna del penal
La fiesta se realizó en el patio uno de la cárcel La Paz de Itagüí, espacio donde permanecen cabecillas de estructuras criminales que hasta hace pocos días participaban en la Mesa de Paz Urbana. La celebración incluyó la presentación de Nelson Velásquez, abundante comida, bebidas alcohólicas y la presencia de invitados externos que habrían ingresado sin cumplir los protocolos habituales. El costo del evento se estimó en 500 millones de pesos, monto recolectado por los mismos internos.
La fiesta coincidió con el inminente regreso a la libertad de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los voceros de las bandas, quien busca la redención de su condena bajo la figura de trabajo social. Murillo fue sentenciado a 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y destrucción de pruebas. El evento habría servido como despedida para el cabecilla.
Acciones del Inpec y hallazgos tras el operativo
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declaró que la fiesta no contaba con autorización oficial y anunció la apertura de investigaciones disciplinarias contra al menos siete funcionarios, además de la remoción del director encargado del penal y del comandante de vigilancia. El Inpec realizó un operativo el 10 de abril, registrando los pabellones durante tres días.
Entre los objetos incautados figuran 62 neveras, siete televisores, una consola de videojuegos PlayStation 5, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas y equipos de comunicación.
La entidad también anunció el retiro de once funcionarios que incumplieron sus funciones de control el día de la fiesta. Los voceros de las estructuras criminales que participan en los diálogos de paz ofrecieron disculpas públicas y reconocieron el impacto negativo de lo ocurrido sobre la confianza ciudadana y gubernamental.
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