El lunes 13 de abril de 2026, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, presentaron su programa de gobierno con el que pretenden ganar las elecciones del 31 de mayo.
Bajo el título ‘Plan 10, Colombia Más Grande 2026’, los aspirantes a la Casa de Nariño revelaron su hoja de ruta cimentada en diez ejes estratégicos y orientada a restaurar la estabilidad nacional, atajar las desigualdades y generar efectos tangibles a corto y mediano plazo.
El documento, dado a conocer públicamente, plantea reformas que abarcan desde el sistema de seguridad hasta soluciones para la corrupción, con la meta de operar cambios de fondo en el funcionamiento del Estado.
“Este plan 10 recoge temas que hemos construido con todos los miembros de La Gran Consulta, representa nuestro sueño de la Colombia que se puede hacer, es el primer momento para advertir las cinco bombas que debemos desactivar y las cinco transformaciones para el país”, indicó Paloma Valencia en su comentario de apertura.
Por su parte, el exdirector del Dane y hoy aspirante a la Vicepresidencia afirmó que la presentación del programa representa una consolidación de propuestas, a pesar de las diferencias políticas que cada uno mantiene.
“Reconocemos que el tiempo juega en nuestra contra y tenemos que actuar. Estamos sumando y dejando de lado ese camino de que sumar entre distintos estamos siendo incoherentes, aquí lo que estamos complementando visionar para priorizar y estabilizar al país”, comentó.
Las ‘bombas’ y las transformaciones
La dupla presidencial sostiene que el país enfrenta actualmente “cinco bombas” simultaneas como la seguridad, la salud, el sector energético, la confianza institucional y la corrupción, situación que ha pautado la urgencia de una intervención técnica y política a gran escala.
En cuanto al primer eje, ambos candidatos insistieron en instaurar una “seguridad total” que permita a los ciudadanos “vivir sin miedo”, una definición dada por Juan Daniel Oviedo.
Entre las medidas propuestas figuran el combate frontal a la extorsión, la creación de normativa específica para delitos en flagrancia y el incremento de la Fuerza Pública hasta alcanzar 530.000 uniformados.
Además, el plan contempla una reforma a la justicia que involucra la creación de juzgados itinerantes para garantizar respuestas rápidas y la implementación de “sustitución forzosa y generosa” de cultivos ilícitos, sumado al despliegue de la tecnificación en los aparatos de seguridad.
Así mismo, Paloma Valencia recalcó la necesidad de que los colombianos sigan siendo víctimas de la extorsión que, en su mayoría, provienen desde los centros penitenciarios. “Vamos a quitarle la señal de celular en las cárceles, para evitar que sigan extorsionando a los colombianos”, anunció.
En materia de salud, Valencia y Oviedo prometieron resolver 10 millones de atenciones represadas, con una inversión anunciada de tres billones de pesos en adquisición de medicamentos; también proponen ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), abonar la deuda del Estado con los prestadores de servicios, promover el modelo de hospitales “padrino” y expandir la telemedicina, así como mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.
“Hay que remediar la salud que está en crisis, que los medicamentos lleguen, que las citas te las den y no en un mar de autorizaciones donde los pacientes se pierden, y que las clínicas y hospitales realmente atiendan”, enfatizó Valencia.
El tercer apartado aborda la crisis energética, cuyo desafío inmediato es evitar un racionamiento eléctrico o apagón. Para ello, el Plan 10 plantea la reactivación de la explotación de combustibles fósiles y el impulso del fracking bajo criterios de responsabilidad ambiental, sin abandonar la transición hacia energías renovables y no convencionales.
“Ahí hay una gran oportunidad para que los jóvenes se vinculen al sector minero energético, con técnicas de innovación (...) recuperaremos los niveles de inversión si se toma esa primera medida se toma con contundencia”, declaró Oviedo.
En el campo de la confianza institucional y tributaria, el programa presenta una propuesta de reducción progresiva en la tarifa del impuesto de renta, la eliminación del impuesto al patrimonio y la reducción anticipada de otras cargas tributarias.
Además, propone simplificar el estatuto tributario, renegociar o refinanciar la deuda pública mediante alianzas de cooperación internacional, promover contratos de estabilidad jurídica e imprimir un nuevo perfil a las misiones diplomáticas.
Frente a la lucha contra la corrupción, incluyeron una auditoría forense en todas las entidades intervenidas y la aplicación de un modelo de Estado digital impulsado por inteligencia artificial.
En este capítulo, la plataforma de gobierno subraya el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la digitalización como herramientas para minimizar las oportunidades de abuso y desvío de recursos públicos.
Otras iniciativas de su plan de Gobierno
Entre las propuestas destacadas en el tramo final del documento figura la meta de construir un millón de viviendas, cifra que se constituye en uno de los mayores compromisos sociales de la plataforma presentada por Valencia y Oviedo.
El programa también incluye la restauración de millones de hectáreas mediante acciones ambientales y la implementación de pagos por servicios ambientales. Este objetivo se suma a la promesa de una transformación estatal, tanto en eficiencia como en digitalización, con la finalidad de disminuir la burocracia y optimizar la relación entre los ciudadanos y el Estado.
La meta cuantitativa más relevante es alcanzar 530 mil efectivos en la Fuerza Pública, un incremento que representa una estrategia para garantizar, en palabras de Oviedo, “que los colombianos puedan vivir sin miedo”.
El plan social prevé ampliar la cobertura educativa —incluida la educación rural y técnica—, reformar el ICETEX, adoptar formación dual con el sector productivo y favorecer el primer empleo juvenil. Además, se detallan apoyos específicos a mujeres cabeza de hogar, que incluyen créditos y transferencias directas.
Para los adultos mayores, la propuesta ofrece una protección integral que garantice ingresos mínimos y fomente el ahorro desde la infancia, así como la promoción de la economía plateada como nuevo motor social y económico.
La propuesta prevé una amplia inversión en infraestructura, con especial atención a educación de calidad, fortalecimiento de la educación rural, acceso masivo a inteligencia artificial, transporte sostenible y agua potable para todos.
Se detallan medidas para facilitar el primer empleo juvenil y fortalecer el sistema nacional de cuidados. Estas acciones tienen como objetivo cerrar brechas sociales, impulsar la movilidad social y aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
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