Por polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí: nuevas incautaciones, funcionarios suspendidos y la identificación de los dueños de las camionetas de alta gama

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el hallazgo de decenas de electrodomésticos, equipos de comunicación y mobiliario de lujo durante un operativo sorpresa en la cárcel La Paz, en Itagüí.

La intervención se produjo tras la polémica por una fiesta con música vallenata al interior del penal, evento que habría sido financiado por estructuras criminales.

Las autoridades encontraron en los pabellones principales elementos como tres celulares, un módem Wifi, una consola de videojuegos con seis controles, un computador portátil y una tablet. Además, se incautaron 62 neveras, 7 televisores, 11 estufas eléctricas y 27 ollas freidoras, así como microondas, horno tostador, lavadora y otros aparatos de cocina.

El registro también incluyó siete barriles ahumadores y asadores, y una olla a presión, junto a muebles como sofás, sillas de madera y cabeceras de cama.

Durante el procedimiento, el Grupo de Operaciones Especiales (Grope) realizó tareas de registro y control en los pabellones afectados. La intervención buscaba responder a denuncias sobre condiciones irregulares y privilegios al interior del centro penitenciario.

Suspensión de funcionarios del Inpec

A raíz de los hechos, el director general del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez Rojas, tomó acciones inmediatas. Mediante la resolución 2627 del 10 de abril de 2025, 11 funcionarios fueron suspendidos provisionalmente por haber estado presentes durante la realización de la fiesta.

Los nombres de los suspendidos incluyen a Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde y otros siete servidores.

De manera adicional, el Inpec dispuso el traslado de dos directivos: el teniente Fabián León fue asignado al penal de Bello y Fredy Antonio Cipriano, quien tenía a cargo la dirección temporal del centro, fue enviado a la cárcel de Jamundí.

Identifican a propietarios de camionetas de alta gama que ingresaron a la cárcel de Itagüí

El ingreso de tres camionetas de alta gama y un vehículo oficial a la cárcel de La Paz, en Itagüí (Antioquia), durante una fiesta no autorizada, provocó una ola de cuestionamientos sobre la actuación del personal del Inpec y la vulnerabilidad de los controles penitenciarios.

Imágenes publicadas por la concejal Claudia Carrasquilla muestran a civiles vestidos de negro permitiendo el acceso sin registro previo y facilitando la entrada directa de vehículos de lujo a la celebración.

De acuerdo con información revelada El Tiempo identificaron los automóviles: una Ford Ecosport oficial con placas EPW410, una Toyota Land Cruiser 300 blanca importada en 2022 y vinculada al comerciante Jacobo Saldarriaga Suárez, y una Mercedes con matrícula KPO745, cuyo propietario aún está por confirmarse.

Las investigaciones apuntan a que la Ford Ecosport, vehículo de uso institucional, fue conducida por personal del Inpec. Documentos oficiales revelan que un dragoneante, vinculado al cuerpo desde 2013, fue sancionado por evadir un semáforo en rojo en octubre de 2024 mientras manejaba esa camioneta.

El análisis sobre la Toyota Land Cruiser ha sacado a la luz una posible alteración de placas y la participación de ocupantes relacionados con el comercio de autos de alta gama en Medellín.

Las autoridades mantienen bajo investigación la identidad de quienes ingresaron en la Mercedes con matrícula KPO745. El apoyo de registros audiovisuales ha sido clave para avanzar en la identificación.

Mientras tanto, la mesa de diálogos de la cárcel, en la que participan 23 cabecillas de grupos delincuenciales, emitió un comunicado en el que reconoció su responsabilidad por la realización de la fiesta y ofreció disculpas públicas.

El comunicado de la mesa de negociación, además de admitir el error, solicita al Gobierno nacional que levante la suspensión de los diálogos en curso, argumentando que el proceso de negociación es fundamental para el avance de acuerdos dentro del penal. Los representantes de la mesa consideran que la continuidad del diálogo con el Ejecutivo es prioritaria, pese al escándalo generado por la celebración.