En la mañana del 13 de abril, un nuevo caso de inseguridad sacudió el sector del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá, donde una balacera interrumpió la cotidianidad tras un intento de hurto a una mujer.
La rápida reacción de un uniformado de la Policía Nacional permitió frustrar el delito, recuperar el teléfono móvil de la víctima y capturar a dos hombres implicados en el atraco. Uno de los detenidos resultó herido en la pierna y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el otro fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
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Durante el operativo, las autoridades incautaron dos motocicletas supuestamente utilizadas en el hecho. Según la Policía, los asaltantes empleaban la modalidad de cambiar el color de las motos tras cada delito para evadir los controles. Lo más grave: uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec y cumplía una condena de seis años por hurto bajo la modalidad de detención domiciliaria.
Este tipo de casos no es aislado. La Policía de la estación de Teusaquillo, apoyada por la Dirección de Protección, destacó que “uno de los hombres posee un brazalete electrónico y se encuentra cumpliendo una pena de seis años por el delito de hurto”. El teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la estación, invitó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos y recordó que la institución continúa en alerta para garantizar la tranquilidad en la ciudad.
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Galán responsabiliza al Ministerio de Justicia por reincidencia de condenados
El hecho motivó una fuerte reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que a través de sus redes sociales señaló directamente al Ministerio de Justicia por la falta de control sobre quienes cumplen condena en detención domiciliaria con brazalete electrónico:
“Vuelve y juega. Hoy la Policía frustró un hurto frente al CAN y capturó a dos ladrones. Uno de ellos tiene una condena de 6 años en detención domiciliaria y llevaba brazalete electrónico. Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real de control sobre quienes tienen detención domiciliaria. No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles”.
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El alcalde Carlos Galán acusó al Ministerio de Justicia por falta de control sobre condenados con detención domiciliaria y brazalete electrónico - crédito Carlos Fernando Galán/X
El mandatario local subrayó la gravedad del fenómeno y cuestionó la efectividad de las medidas de vigilancia sobre los condenados. “Esto no es el primer caso. La semana pasada tuvimos el caso de un furgón donde trataron de robarlo y uno de los delincuentes también tenía brazalete y tenía papel aluminio para cubrir el brazalete. En el caso de Diana Ospina, el conductor del taxi que la secuestró, estaba en detención domiciliaria. Esto es completamente absurdo”, precisó el alcalde.
Galán fue enfático al exigir respuestas claras al gobierno nacional: “El Ministerio de Justicia nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan más crímenes. Así es, muy jodido, repito, enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes condenados, detenidos, que pasan por el sistema judicial y luego los dejan libres en medio del pago de su condena”.
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El alcalde insistió en la necesidad de decisiones firmes, coordinación institucional y coherencia en la aplicación de la justicia. Según el reporte policial, el capturado reincidente no solo violaba la detención domiciliaria, sino que además participaba activamente en nuevos delitos, vulnerando así la seguridad ciudadana y la confianza en el sistema de justicia.
La preocupación de Galán se sumó a los reiterados casos donde personas con brazalete electrónico han sido sorprendidas cometiendo delitos en las calles de Bogotá, evidenciando fallas en el monitoreo y los controles judiciales. El mandatario exigió al Ministerio de Justicia una revisión urgente del sistema y plantea la necesidad de restringir la detención domiciliaria para personas consideradas de alta peligrosidad, ante la incapacidad de garantizar su vigilancia efectiva.
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