
El calendario administrativo en Colombia tendrá un ajuste especial el viernes 17 de abril de 2026, cuando se conmemore el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza.
Esa jornada fue instituida por el Gobierno nacional a través del Decreto 500 de 2024, que estableció que, desde entonces, el tercer viernes de abril de cada año tendrá carácter de día cívico para diversas instituciones del Estado.
Quienes tengan trámites, diligencias administrativas o vencimientos tributarios previstos para esa fecha deberán reprogramarlos, ya que las oficinas de la Rama Ejecutiva nacional suspenderán su atención al público. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que las obligaciones que debían cumplirse el viernes 17 de abril pasarán al lunes 20 de abril de 2026, generando a su vez ajustes en cadena para ciertos plazos posteriores.
Alcance y limitaciones de la medida

El Día Cívico de la Paz con la Naturaleza está orientado principalmente a los funcionarios y dependencias de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Esto incluye ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, entre otras entidades. Para estos organismos, la fecha será considerada día no hábil, lo que implica una suspensión de actividades laborales y atención al público.
Sin embargo, la norma “no convierte el día en un festivo nacional”, por lo que el comercio, los servicios privados y la mayoría de los sectores productivos seguirán funcionando de manera habitual. La medida tampoco afecta a quienes trabajan en servicios esenciales como la policía, la salud pública, la atención de emergencias, movilidad y seguridad, que deberán operar con normalidad.
El decreto otorga a alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas y ramas Legislativa y Judicial la facultad de decidir si se acogen o no a la jornada, por lo que en varias regiones del país podría no haber suspensión de actividades. En palabras del Gobierno, “las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, los entes autónomos y las ramas Legislativa y Judicial serán autónomas para decidir si otorgan o no ese día como no hábil”.

Implicaciones para el sector privado y pago laboral
En el sector privado, el Día Cívico carece de carácter obligatorio. Las empresas podrán optar por sumarse de manera voluntaria, aunque la normativa no impone la suspensión de labores ni otorga derecho a recargo por festivo. De acuerdo con la regulación vigente, en el sector privado no opera como un descanso obligatorio general ni es motivo para que se genere un recargo de festivo.
Esto significa que la remuneración no cambia respecto a un viernes habitual, y quienes deban trabajar por necesidades del servicio público esencial recibirán el pago regular correspondiente a su jornada.
Origen y propósito de la jornada cívica
El presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron el decreto con la intención de promover la conciencia ambiental y la responsabilidad social entre funcionarios y ciudadanía. Según lo estipulado, la fecha se concibe como una oportunidad para “fomentar la participación ciudadana y la conciencia sobre la importancia de la paz y la responsabilidad social”.
De manera específica, el Gobierno planteó el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza como un espacio para que los colombianos reflexionen en torno al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y la valoración del agua, los bosques y la biodiversidad. La jornada pretende incentivar actividades pedagógicas, culturales y sociales que fortalezcan la relación entre la sociedad y los ecosistemas.

Durante el día cívico, las entidades públicas no prestarán servicios, y cualquier trámite administrativo programado para el 17 de abril deberá trasladarse al siguiente día hábil. Así, quienes tengan diligencias pendientes deberán anticipar cambios en sus agendas.
La decisión de convertir ese viernes en día cívico responde a la necesidad de crear un espacio de reflexión colectiva sobre la relación entre sociedad y naturaleza, sin interrumpir servicios esenciales ni imponer el descanso a todo el país. Cada año, el impacto real dependerá de la voluntad de instituciones y empresas para sumarse a la iniciativa.
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