El congresista Pedro Murcia pidió investigar daño del vehículo oficial y contratación irregular en embajada de Colombia en Brasil

El congresista Pedro Alejandro Murcia Lamprea, representante electo por la Circunscripción Internacional, exigió explicaciones formales a la Cancillería de Colombia sobre el uso de recursos estatales en la Embajada en Brasil. La solicitud se centra en la contratación de un chef particular por el embajador Alfredo Saade y la responsabilidad institucional ante la pérdida total de un vehículo oficial, con daños valorados en 81.287 reales —aproximadamente USD 16.000 al cambio vigente—.

En su derecho de petición fechado el 11 de abril de 2026 y dirigido a la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio, Murcia detalló el incidente: un trabajador, presuntamente contratado como chef personal del embajador, retiró sin autorización el Audi A6 de placas PDB-9012 el 29 de marzo de 2026 y provocó daños graves en el vehículo oficial. La empresa mencionada, AR Maciel Serviços Gerais LTDA, figura como empleadora del involucrado, identificado como David Leonardo Barrero López.

La gravedad del caso se amplifica por una declaración pública del propio embajador. Según consta en la petición de Murcia, Saade afirmó que llevó a este trabajador a Brasil porque “la comida aquí no me apetecía”. El congresista plantea dudas fundadas sobre el empleo de dineros públicos para atender preferencias privadas de funcionarios de alto rango en el servicio diplomático.

Pedro Alejandro Murcia Lamprea solicitó un pronunciamiento oficial sobre siete aspectos críticos: el estatus laboral y contractual del chef, la modalidad de pago, la existencia de un cargo similar en el Manual de Funciones del Servicio Exterior, las investigaciones administrativas o fiscales abiertas, y la responsabilidad financiera por los daños del vehículo.

El parlamentario detalla en su petición: “¿Quién asumirá el costo de los daños al vehículo oficial, estimados en aproximadamente 16.000 dólares? ¿Existe una póliza de seguro vigente que cubra este tipo de siniestros?” Asimismo, requiere conocer si la Cancillería ha iniciado procesos disciplinarios, si existe repetición o cobro contra el chef, la empresa contratista o el embajador, y si se abrirán nuevas acciones de responsabilidad.

Conforme a la Ley 5 de 1992, las solicitudes escritas de los congresistas deben responderse en un plazo máximo de cinco días hábiles. Murcia recuerda a la ministra que el incumplimiento constituye causal de mala conducta, lo que puede derivar en sanciones disciplinarias para el funcionario responsable.

La petición fue dirigida también con copia a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, destacando el interés de control político y vigilancia sobre el uso de recursos públicos en la administración diplomática colombiana.

Con respecto al tema, la senadora María Fernanda Cabal, se pronuncio por medio de su cuenta de X asfirmando que esta solicitud del funcionario es relevante para el buen manejo de los recursos del Estado y sus inversiones.

“El derecho de petición que manda el representante electo de los colombianos en el exterior, Alejandro Murcia, es muy importante. Este país no aguanta más despilfarro ni uso indebido de los recursos públicos. Los ciudadanos merecen respuestas".

La intervención de Pedro Alejandro Murcia Lamprea ante la Cancillería no solo busca esclarecer hechos puntuales relacionados con la Embajada en Brasil, sino que también subraya la importancia de mantener mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas en la administración pública.

El caso expone la necesidad de establecer límites claros entre los intereses personales de los funcionarios y el uso de recursos estatales, así como de fortalecer la vigilancia sobre los procesos de contratación y la responsabilidad en el manejo de bienes oficiales.

La atención que el tema ha recibido tanto en instancias legislativas como en los entes de control, junto con el respaldo de otros congresistas, evidencia una demanda creciente de transparencia y rigor en la gestión diplomática, en consonancia con las expectativas ciudadanas sobre el correcto uso de los fondos públicos.