Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X
La fiesta vallenata realizada el 8 de abril de 2026 dentro de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, desató un escándalo nacional que llevó a la suspensión inmediata de la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y jefes de bandas criminales.
Este proceso contemplaba concesiones judiciales y buscaba avanzar en acuerdos de paz urbana, pero quedó en entredicho tras la magnitud de lo ocurrido al interior del penal.
En medio de la controversia, las autoridades centrarían sus primeras hipótesis en los motivos de la celebración, que de manera general estaría ligada a beneficios o situaciones judiciales de algunos internos.
De acuerdo con el medio El Tiempo, se investigaría si el evento habría correspondido al cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, así como a una posible conmemoración anticipada por la eventual liberación de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, jefe de la Oficina de Envigado.
Estos elementos estarían en el centro de la investigación que busca esclarecer el trasfondo del evento ilegal realizado el pasado 8 de abril de 2026.
La parranda, que habría incluido la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, así como el ingreso de licor y mujeres al penal, habría desatado un escándalo de alto nivel que terminó afectando directamente la política de diálogo del Gobierno.
Según revelaciones conocidas por el medio citado, la celebración habría costado cerca de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones habrían sido destinados al artista, cuya contratación habría sido gestionada por un intermediario identificado como Carlos.
El impacto fue inmediato. Las autoridades ordenaron la suspensión de siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mientras avanzan las investigaciones internas para determinar cómo se permitió el ingreso de elementos prohibidos y quiénes facilitaron la logística del evento dentro del centro penitenciario.
Además del escándalo administrativo, el caso tuvo repercusiones políticas. El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender de manera inmediata la mesa de diálogo que mantenía con jefes de bandas criminales en el marco del denominado Espacio de Conversación Socio-Jurídico.
Este proceso buscaba avanzar en acuerdos para reducir la violencia urbana mediante concesiones judiciales, pero quedó en entredicho tras la magnitud de lo ocurrido.
En medio de la controversia, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, uno de los principales cabecillas de la Oficina de Envigado, negó cualquier participación en los hechos.
A través de una carta, habría asegurado que en el pabellón donde permanece recluido no se realizó ninguna celebración y que, por razones de salud, ni siquiera consume licor.
No obstante, las autoridades mantienen la hipótesis de que varios líderes criminales continúan ejerciendo control desde el interior del penal, lo que pone en evidencia fallas estructurales en el sistema penitenciario.
La filtración del evento, atribuida a la exfiscal y concejal Claudia Carrasquilla, dejó al descubierto posibles redes de complicidad y niveles de influencia que aún operan tras las rejas.
La participación de Nelson Velásquez en la fiesta generó cuestionamientos adicionales. Su equipo de trabajo entregó una versión en la que aseguró que la contratación no fue realizada por el Inpec, sino por un intermediario privado.
El mánager del artista, Álex Eduardo Díaz, explicó al medio citado que el ingreso al penal se realizó sin inconvenientes, lo que les hizo suponer que contaban con las autorizaciones correspondientes.
Díaz también señaló que la presentación no correspondió a un concierto formal, sino a una intervención breve de entre tres y cinco canciones.
Según su relato, el contacto con el intermediario “Carlos” no generó sospechas, ya que previamente había gestionado eventos similares en otros espacios como discotecas. Además, indicó que no tiene conocimiento sobre vínculos entre este intermediario y personas privadas de la libertad.
El representante del cantante precisó que no estuvo presente en el lugar el día de los hechos, por lo que desconoce detalles logísticos y económicos del evento.
Asimismo, afirmó que hasta el momento ninguna autoridad penitenciaria se ha comunicado formalmente con el artista o su equipo para solicitar explicaciones sobre su participación.
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