La presentación del cantante de vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí motivó la apertura de una investigación oficial de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El episodio puso bajo escrutinio la administración del penal y generó repercusiones institucionales.
La Procuraduría investiga el ingreso no autorizado del artista, lo cual evidenciaría presuntas irregularidades y posibles faltas disciplinarias de siete funcionarios del Inpec. Adicionalmente, el Gobierno suspendió temporalmente las conversaciones con grupos criminales vinculados a la denominada Mesa de Paz Urbana.
Las autoridades buscan determinar el grado de permisividad en la cárcel, el alcance de las responsabilidades administrativas y el impacto en las negociaciones oficiales, según informes oficiales.
El concierto de Velásquez se habría realizado el 8 de abril de 2026 en el patio uno del centro penitenciario al sur de la ciudad de Medellín. Las denuncias detallaron que la fiesta, que congregó a jefes de estructuras criminales, algunos vinculados a diálogos con el Gobierno Nacional, se llevó a cabo sin autorización ni aval institucional.
Medidas disciplinarias y primeras pesquisas oficiales
Con base en este hechos, la Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación previa para identificar e individualizar a los funcionarios del Inpec involucrados en la organización del concierto, hecho que carecía del trámite oficial requerido. La entidad programó inspecciones en la cárcel y en la dirección regional del Inpec de Antioquia para el 10 de abril, con el objetivo de recopilar pruebas y esclarecer responsabilidades disciplinarias.
Un comunicado del Ministerio Público señaló que una de las prioridades es determinar si la conducta de los empleados constituye una falta grave. La indagación surgió tras la difusión en medios de información sobre el ingreso irregular de Velásquez al penal.
Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) rechazó la realización del concierto en la cárcel y precisó en un comunicado que “esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.
Tras los hechos, el Inpec retiró al director encargado de la prisión e inició una investigación disciplinaria contra siete funcionarios presuntamente implicados.
Fuentes del Gobierno aseguraron que este caso motivó decisiones inmediatas, entre ellas la suspensión temporal de las negociaciones entre el Gobierno y los voceros de las estructuras criminales incluidas en el proceso de paz urbana.
Según las informaciones conocidas, durante el evento se solicitó a los asistentes no tomar fotografías ni grabar videos; sin embargo se han filtrado varias imágenes de la celebración.
Financiamiento y organización del evento en prisión
Según denuncias realilzads por dos concejales de la ciudad de Medellín la financiación del concierto estuvo a cargo de integrantes de la denominada Mesa de Paz Urbana, quienes organizaron una recaudación de fondos entre internos. El coste total del evento ascendió a 500 millones de pesos colombianos, de los cuales cerca de 100 millones se destinaron al pago directo a Velásquez, según declaró su representante.
Álex Eduardo Díaz, mánager del artista, explicó que existía un contrato formal para la actuación. Díaz aclaró que no realizaron comprobaciones sobre los solicitantes y supuso que el evento tenía el respaldo logístico necesario, aunque no se trató de una contratación gestionada por el Inpec.
Hasta el momento, Nelson Velásquez no ha emitido declaraciones públicas sobre el hecho, según Noticias Caracol.
Consecuencias en el proceso de paz urbana
El incidente impactó en las negociaciones del proceso de paz urbana.
La delegación del Gobierno Nacional suspendió de forma temporal las conversaciones con los voceros de las estructuras criminales relacionadas con la Mesa de Paz Urbana, en respuesta a las irregularidades detectadas en la actividad musical realizada en la cárcel de Itagüí.
La medida busca subrayar el rigor institucional y restaurar la legitimidad de las negociaciones oficiales, un compromiso que las entidades enfatizaron tras el escándalo que rodeó el evento.
En cuanto a la gestión de la contratación, el representante de Velásquez sostuvo que la decisión de aceptar el evento se basó en la invitación recibida, considerando que cumplía los requisitos, sin profundizar sobre los organizadores ni la naturaleza exacta de la celebración.
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