La petición de la Fiscalía General de la Nación para reactivar la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González fue registrada recientemente por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ante la sede central de la organización en Lyon, Francia.
Este movimiento responde al retiro previo de la notificación internacional, hecho que marca un giro en el proceso por el que González —exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), actualmente asilado en Nicaragua— es buscado por presuntos delitos relacionados con el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La solicitud de reactivación se formalizó y representa uno de los últimos esfuerzos institucionales para lograr que González responda ante la justicia por su participación en una red de corrupción que involucra a altas figuras políticas en Colombia, según declaraciones del coronel Elver Alfonso Sanabria, jefe de la Dijín
El retiro de la circular roja fue ordenado por la Secretaría General de Interpol el 7 de abril, tras un requerimiento presentado por la defensa de González, que expuso argumentos aceptados por el órgano rector de la institución.
El coronel Sanabria explicó en rueda de prensa que “hubo un requerimiento a la Secretaría General de Interpol frente a unos argumentos expuestos por la defensa para bloquear provisionalmente esa circular roja, la cual fue aceptada por ellos y esa es la situación actual”.
Añadió que la Fiscalía ya envió nuevamente el requerimiento correspondiente, aclarando que el trámite sigue su curso formal y que no existe un plazo definido para que la Secretaría General resuelva el estudio de la nueva solicitud.
La propia Interpol aclaró que la evaluación y eventual publicación o bloqueo de estas circulares queda bajo su exclusiva autonomía, sin que autoridades nacionales puedan interferir en la decisión ni conocer en detalle los fundamentos de su resolución.
Ante la consulta sobre los motivos para el retiro de la notificación, el coronel Sanabria señaló “La Secretaría General de Interpol, ellos son el ente rector, autónomos frente a esa decisión y no dan explicaciones al respecto”.
La circular roja es un mecanismo de cooperación internacional que permite solicitar la localización y captura provisional de personas requeridas por la justicia en 196 países miembros. En este caso, su activación inicial facilitó la búsqueda de González fuera del territorio colombiano, aunque el proceso se vio interrumpido tras su retiro temporal.
El exdirector del Dapre y de la DNI permanece actualmente en Nicaragua bajo condición de asilo, lo que añade un componente diplomático al proceso judicial en curso. Su salida del país y posterior permanencia en el exterior han sido factores determinantes en la complejidad del caso.
Dentro del expediente judicial, González es investigado por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la gestión de contratos de la Ungrd.
Según las investigaciones, habrían existido ofrecimientos de recursos a excongresistas con el objetivo de influir en decisiones legislativas, hechos que forman parte del material probatorio en análisis por parte de la Fiscalía.
El proceso también vincula a otros exfuncionarios y colaboradores, entre ellos Olmedo López y Sandra Ortiz, señalados de participar en la ejecución de instrucciones relacionadas con la asignación de recursos públicos. Estas actuaciones hacen parte de las imputaciones por delitos como cohecho por dar u ofrecer, peculado y lavado de activos.
El debate político ha escalado tras las declaraciones del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, quien cuestionó el poder e influencia de Carlos Ramón González dentro del Partido Verde. Según Carrillo, la reciente suspensión de la circular roja reavivó las discusiones sobre el papel del exfuncionario en la política nacional y su eventual impacto dentro de la colectividad.
En entrevista con Caracol Radio, Carrillo puso en duda la condición de perseguido político que ha sustentado el asilo de González en Nicaragua.
Además, señaló que su figura habría tenido una influencia determinante dentro del Partido Verde, al punto de sugerir que su respaldo económico habría sido clave en la dinámica interna de la colectividad. En sus declaraciones afirmó: “nadie habla mal de Carlos Ramón porque era el ‘gota a gota’ de la política”, insinuando que su papel financiero habría generado lealtades dentro del partido.
Carrillo también sostuvo que dirigentes y figuras políticas del Partido Verde habrían evitado confrontaciones directas con González durante escenarios electorales recientes, lo que, según su visión, evidencia la influencia que mantenía dentro de la organización. Estas afirmaciones abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre financiación política y estructuras partidistas en Colombia.
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