
La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa un nuevo momento de tensión diplomática, luego de que el Gobierno ecuatoriano decidiera pausar de forma indefinida las mesas técnicas de diálogo y frenar la designación de su embajador en Bogotá.
La medida, confirmada el 9 de abril de 2026, se da en un contexto de enfriamiento bilateral que, según autoridades ecuatorianas, aún no muestra avances concretos hacia una normalización. Pese a esto, desde Quito insisten en que se trata de una decisión temporal.

El episodio más reciente se desató tras declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que en la red social X se refirió al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como “preso político” y pidió al mandatario Daniel Noboa su liberación o entrega.
La reacción del Gobierno ecuatoriano fue inmediata, envió una nota de protesta formal y se llamó a consultas al embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, que ya regresó a su país. En medio de este escenario, la canciller Gabriela Sommerfeld explicó ante la Asamblea Nacional que los canales de diálogo no se han cerrado definitivamente, pero sí quedaron en pausa.
“Las mesas técnicas han sido suspendidas, no canceladas, hasta encontrar el ambiente propicio y la voluntad de dos países de continuar con un diálogo que muestre respeto entre ambas naciones”, afirmó.
La funcionaria también aclaró que Ecuador no está exigiendo disculpas formales como condición para retomar las conversaciones, apostando por un compás de espera que permita desescalar la situación sin profundizar el conflicto. Por ahora, la relación entre ambos países se mantiene en un punto de incertidumbre, mientras se evalúan los próximos pasos para restablecer los canales diplomáticos.

Escalada de tensión diplomática
El nuevo choque diplomático entre Colombia y Ecuador tiene como telón de fondo un tema que ha marcado la relación bilateral en los últimos meses, la situación judicial del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, cuya figura se convirtió en símbolo de disputa política y jurídica en la región.
La tensión escaló luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, asegurara en la red social X que Glas es un “ciudadano colombiano” y un “preso político”, además de pedir su liberación. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del Gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, que interpretó el pronunciamiento como una intromisión en asuntos internos.
En respuesta, Quito emitió una nota de protesta diplomática en la que calificó como “falsas” las afirmaciones del mandatario colombiano y defendió la legitimidad de los procesos judiciales contra Glas. Según el documento, el exvicepresidente fue condenado tras procedimientos legales por delitos como asociación ilícita y cohecho, y actualmente enfrenta otros procesos por peculado.
El caso Glas es uno de los ejes de la narrativa anticorrupción del gobierno de Noboa, quien ha insistido en que su detención responde a hechos probados por la justicia ecuatoriana. Entre los casos más relevantes figuran el escándalo de Caso Odebrecht y el expediente Sobornos 2012-2016. Actualmente, el exvicepresidente permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en Santa Elena.

Sin embargo, sectores afines al correísmo —corriente política ligada al expresidente Rafael Correa— sostienen que Glas es víctima de persecución política, una postura que ha sido respaldada públicamente por Petro. Esta coincidencia de posiciones añade un componente ideológico al conflicto, profundizando las diferencias entre ambos gobiernos.
Otro punto de fricción es la decisión de Colombia de otorgarle la nacionalidad a Glas en 2024 mediante un proceso de naturalización por exoneración de requisitos, una facultad discrecional del presidente. Aunque el mecanismo está contemplado en la legislación colombiana, desde Ecuador se han planteado dudas sobre la forma en que se llevó a cabo el procedimiento, lo que alimentó nuevas tensiones.
El deterioro de la relación no es aislado. En los últimos meses, ambos países enfrentaron desacuerdos en temas comerciales, energéticos y de seguridad fronteriza, pese a compartir más de 580 kilómetros de frontera. Incluso, episodios como la crisis energética ecuatoriana y las decisiones arancelarias han evidenciado un vínculo cada vez más frágil.
En este contexto, el llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Bogotá marca un nuevo punto crítico en una relación que, lejos de estabilizarse, parece profundizar sus diferencias en medio de factores políticos, judiciales y estratégicos que siguen sin resolverse.
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