
La rebaja de la calificación soberana de Colombia que hizo la calificadora S&P Global Ratings marca un punto crítico para la economía nacional. La agencia redujo la nota de ‘BB’ a ‘BB-’ en moneda extranjera a largo plazo y de ‘BB+’ a ‘BB’ en moneda local, al alegar fragilidad fiscal, aumento de la deuda y tasas de interés que superan el 14%. La decisión incide en el costo del financiamiento y la capacidad del país para atraer inversión y mantener la estabilidad de su moneda.
S&P Global Ratings fundamentó la rebaja de la calificación de Colombia en déficits fiscales persistentes, un mayor endeudamiento externo y una política fiscal menos predecible. De acuerdo con la calificadora, el cambio en la nota eleva los costos de financiamiento e incrementa la presión sobre la moneda local, lo que dificulta el acceso al crédito y restringe la inversión pública. Ante esto, el Gobierno deberá destinar más recursos al pago de intereses, lo que reduce la capacidad estatal de invertir y aumenta la vulnerabilidad económica.
Consecuencias para empresas, hogares y proyectos públicos
Por supuesto, la decisión generó reacciones de expertos, que dejaron entrever problemas económicos para el país. Por ejemplo, presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, explicó, por medio de un hilo en X, que “la percepción de riesgo aumenta para los inversionistas internacionales con esta rebaja, lo que repercute en el costo del capital en toda la economía”. Explicó que las consecuencias se sienten en empresas, hogares y proyectos públicos. Así las cosas, el financiamiento será más caro y limitado, tanto para el Estado como para las empresas y los consumidores, lo que presionará además el tipo de cambio y reducirá la capacidad de invertir y crecer.

Gutiérrez advirtió que la rebaja pone a Colombia en un contexto de grado especulativo, lo que resta competitividad frente a otros destinos y desincentiva los proyectos de largo plazo. Añadió que el impacto es transversal, ya que afecta a sectores como energía, infraestructura, industria, agro y tecnología, así como a los consumidores, ya que todos dependen del crédito y la confianza para operar.
Señaló que “en sectores intensivos en capital, como energía e infraestructura, el aumento en tasas y la carga impositiva elevan la probabilidad de aplazamiento o cancelación de proyectos”, lo que significa menos obras, menos empleo y riesgos para la disponibilidad de servicios esenciales.
La presidenta del Consejo Gremial resaltó que la situación puede restringir la entrada de fondos de inversión y reducir el margen para el emprendimiento. “Los efectos ya se sienten en la vida cotidiana: el crédito es más costoso, las oportunidades laborales se reducen, proyectos dejan de ejecutarse y el crecimiento de los ingresos se desacelera. También impacta la calidad de vida”, afirmó Gutiérrez.
Impacto de la rebaja en hogares y empresas colombianas
Según la dirigente, la rebaja tendrá efectos inmediatos sobre hogares y compañías. Muchos hogares enfrentarán créditos más costosos y opciones limitadas para financiar vivienda o emprendimientos. Las empresas hallarán más restricciones y condiciones exigentes para sus proyectos de inversión o expansión.
La dirigente gremial considera inevitable la transferencia de estos nuevos riesgos hacia la economía doméstica. Sostiene que se verá afectada la inversión en servicios básicos, infraestructura y en el margen para iniciativas empresariales. "La pérdida de confianza también contribuye a reducir la inversión, el empleo y las oportunidades para los colombianos", apuntó.
Riesgos fiscales y reacciones del mercado
Por su parte, el director general de investigación y economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, expresó que la reducción de la calificación de Colombia por S&P Global Ratings tomó por sorpresa al mercado en cuanto a su calendario. Explicó que, aunque la agencia había mantenido una perspectiva negativa, el descenso a ‘BB-’ no era del todo previsible en este momento.
De igual manera, enfatizó en que la suspensión de la regla fiscal eliminó los límites al gasto y deuda, lo que “genera riesgos que se ven reflejados en la calificación soberana”. Según el analista, la política fiscal actual resulta impredecible y reduce la confianza de los mercados internacionales en Colombia.
Asimismo, destacó que el repunte de la inflación, provocado principalmente por el aumento del salario mínimo, añade presión a las cuentas públicas. Aseguró que el próximo gobierno enfrentará mayores exigencias presupuestarias, sobre todo, en seguridad, salud y pensiones. Para Velandia, aunque la respuesta inmediata de los mercados podría ser negativa, el efecto no será extremo, ya que “el mercado ya viene descontando desde hace cerca de tres años una muy baja calificación soberana”.
En el plano internacional, Daniel Velandia recordó que agencias como Fitch mantienen la calificación de Colombia en ‘BB’ con perspectiva estable y descartó cambios a corto plazo. Recomendó vigilar las condiciones fiscales y la opinión de otras calificadoras para anticipar futuros riesgos macroeconómicos.

Visión empresarial sobre la gestión económica y perspectivas
Desde el sector empresarial, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, atribuyó la rebaja en la calificación soberana a la gestión económica del actual Gobierno. Sostuvo que la decisión de S&P Global Ratings es resultado de una política que sustituyó el rigor técnico por la improvisación y el desprecio por la institucionalidad.
Según el dirigente, una calificación más baja exige a los mercados pedir una prima de riesgo mayor, lo que encarece el financiamiento y traslada ese costo a ciudadanos y empresas. “La terquedad y los errores de política encarecen el crédito, presionan las finanzas públicas y trasladan una carga creciente a todos los colombianos”, afirmó.
Resaltó que las políticas económicas inciertas, sumadas a casos de corrupción y mayor carga impositiva, reducen la capacidad de ahorro, inversión y consumo. Considera que este entorno debilita la economía real y dificulta la recuperación y el desarrollo sostenible.
Para Cabal, el país necesita transformar la gestión económica e institucional y restaurar la confianza para que la economía cumpla su función en beneficio de los ciudadanos y no de intereses políticos.

Entretanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, señaló al Gobierno Petro por la situación.
Anotó que, aunque parezca un tema demasiado técnico, en realidad, lo que significa esto es que Colombia, dado el mal manejo de sus finanzas públicas, tiene que dedicar una mayor parte de los ingresos de la nación a pagar intereses, y cuenta con menos recursos para las políticas sociales.
“¿A quién creen ustedes que afectará más esta realidad? Por supuesto, a los ciudadanos con menor poder adquisitivo", apuntó el dirigente.
Más Noticias
Políticos reaccionaron de manera dividida a la caída de la emergencia económica de Petro: “No sé cómo este país no está hundido”
La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno esperaba recaudar recursos para enfrentar la crisis fiscal actual y responder a ciertas problemáticas
Resultado Super Astro Sol hoy 9 de abril
El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación

Juan Daniel Oviedo arremetió contra el Gobierno Petro al asegurar que en Buenaventura “están comiendo mierda”
La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia indicó que en la actualidad no se trata con respeto a las personas que viven alrededor del puerto

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín
El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Denuncian que la Alcaldía de Bogotá entregará terrenos públicos a constructoras privadas con el modelo de renovación urbana de TransMilenio
La estretegia de operación inmobiliaria propuesto por el distrito y el uso de patrimonio público de la capital está bajo observación tras un acuerdo entre el sector transporte y compañías constructoras



