La definición de los resultados oficiales del Congreso de la República podría extenderse hasta los días previos a su instalación; así lo planteó el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Echeverry, al advertir que el proceso de escrutinios y la resolución de reclamaciones aún requiere tiempo antes de cerrar de forma definitiva.
El anuncio sitúa la atención sobre la etapa final del proceso electoral, en la que se revisan actas, se consolidan cifras y se atienden inconformidades de partidos y candidatos. De acuerdo con el magistrado, el país podría conocer las declaraciones de elección incluso un día antes del 20 de julio, fecha en la que se posesiona el nuevo Legislativo.
“Tradicionalmente, el Consejo Electoral ha tomado entre el 17 y 19 de julio”, afirmó Echeverry en entrevista con Caracol Radio. Con esa referencia, el togado ubicó el comportamiento histórico de la corporación en un margen que coincide con los días previos a la instalación del Congreso.
En sus declaraciones, el magistrado explicó que ese lapso responde a la revisión de fondo de los resultados, en especial cuando existen apelaciones frente al escrutinio nacional. Es en ese punto donde la autoridad electoral debe pronunciarse sobre las diferencias que surgen tras el conteo oficial.
A pesar de ese antecedente, el funcionario aseguró que la entidad busca acortar los tiempos: “Hoy el Consejo está haciendo esfuerzos muy importantes para darle al país noticias antes de esos tiempos”.
“Se está trabajando con muy buen ritmo, con muy buena coherencia, con buena instrumentalización y con todo el compromiso para darle noticias al país antes de ese término”, indicó Álvaro Echeverry, al destacar la intención de anticipar resultados frente a lo ocurrido en otros periodos.
¿Qué es lo que falta por verificar ante el ente electoral?
El escrutinio constituye la fase con efectos jurídicos dentro de las elecciones, ya que, a diferencia del preconteo, que tiene un carácter informativo, este procedimiento valida los resultados a partir de la verificación de actas en distintos niveles, desde mesas hasta instancias nacionales.
Ese proceso funciona como una cadena de revisión que inicia en las mesas de votación y pasa por instancias municipales y departamentales. En el nivel nacional, el CNE consolida los datos y toma decisiones frente a eventuales controversias.
En paralelo, la resolución de reclamaciones permite a campañas y colectividades objetar posibles inconsistencias. Estas solicitudes se presentan durante el proceso y deben resolverse con base en causales legales, lo que condiciona la declaración final de los elegidos.
Entre las causales que se revisan figuran errores en las sumas, irregularidades en las actas o diferencias entre el número de votos y el de sufragantes habilitados. Cada caso exige una decisión de la autoridad electoral, lo que incide en los tiempos del proceso.
Mientras existan reclamaciones sin decisión, la autoridad electoral no puede expedir credenciales ni oficializar los nombres de quienes ocuparán las curules. Por eso, el calendario que describió el magistrado adquiere relevancia en la antesala de la instalación del Congreso.
Y es que el Legislativo elegido el 8 de marzo de 2026 asumirá funciones el 20 de julio, jornada en la que el presidente Gustavo Petro instalará el nuevo periodo. Ese momento coincidirá con la recta final del actual Gobierno y el tránsito hacia la administración que resulte de las elecciones presidenciales.
Durante ese periodo, el Legislativo coincidirá por algunas semanas con el actual Gobierno de Petro, antes de la posesión del nuevo mandatario que resulte elegido en las urnas, que la primera jornada está programada para el 31 de mayo; ese empalme añade relevancia a la definición oportuna de los resultados.
Así, el cierre del proceso electoral permanece atado a la resolución de las controversias y a la consolidación de los datos oficiales, en un escenario en el que el Consejo Nacional Electoral busca cumplir los plazos o, si es posible, anticiparse a ellos.
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