La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó su segundo informe de seguimiento sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, en el que advierte que, aunque existen avances institucionales desde 2020, persisten niveles elevados de violencia e impunidad que continúan afectando el ejercicio del liderazgo social en el país.
El documento evalúa el cumplimiento de 13 recomendaciones formuladas en 2019 y se basa en información suministrada por el Estado colombiano, organizaciones de la sociedad civil, testimonios de personas defensoras, así como en reportes oficiales, investigaciones académicas y monitoreo de medios. En ese contexto, la comisión reitera que la violencia contra líderes sociales mantiene un carácter sistemático y estructural, con impactos diferenciados en distintos territorios y poblaciones.
Desde su análisis, la Cidh advierte que el fenómeno se ha concentrado en zonas donde confluyen economías ilegales, disputas territoriales y presencia de grupos armados, factores que, según el organismo, se intensificaron tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Persistencia de la violencia y fallas en el registro
El informe documenta que las agresiones contra líderes sociales no se limitan a homicidios, sino que incluyen amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, violencia sexual y procesos de criminalización.
En este punto, la comisión advierte problemas estructurales en la recolección de información. Según organizaciones de la sociedad civil, no existe una cifra unificada ni consistente sobre las agresiones, debido a subregistros, metodologías distintas y falta de articulación entre entidades como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Además, se señala que el Estado ha avanzado en la creación de sistemas de información y observatorios, pero estos aún no logran consolidar una base de datos confiable, abierta y estandarizada que permita dimensionar la magnitud del fenómeno.
La Cidh también recoge preocupaciones sobre la falta de datos específicos en poblaciones con enfoques diferenciales, como personas Lgbti+, lo que limita la comprensión de los riesgos particulares que enfrentan estos liderazgos.
Avances institucionales y cumplimiento parcial
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, la comisión reconoce progresos en el diseño e implementación de políticas públicas, así como en la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional. Entre estos avances se encuentran la reactivación del Proceso Nacional de Garantías, la formulación de políticas públicas para la protección de personas defensoras y el fortalecimiento de instrumentos normativos en la Fiscalía para investigar delitos contra este grupo.
Sin embargo, la Cidh advierte que varias recomendaciones continúan en nivel de cumplimiento parcial o pendiente, especialmente aquellas relacionadas con la investigación efectiva de los crímenes y la reducción de la impunidad. El informe también destaca que, aunque el Estado ha implementado directivas y guías para mejorar la judicialización, estas medidas aún no se traducen en resultados concretos en todos los casos.
Altos niveles de impunidad y rezagos judiciales
El informe recoge datos que evidencian serias falencias en el avance de las investigaciones. Por ejemplo, según información citada en el documento, de 2.514 casos activos de agresiones contra mujeres lideresas, 2.480 (98,64%) se encontraban en etapa de indagación en 2024, lo que refleja un bajo nivel de avance procesal.
Asimismo, se advierte que incluso en los casos con sentencia, las investigaciones no logran identificar a los autores intelectuales, concentrándose principalmente en los responsables materiales.
La Cidh también señala que las investigaciones suelen omitir la relación entre los crímenes y la labor de defensa de derechos humanos de las víctimas, lo que limita la comprensión de los patrones de violencia. En ese contexto, el informe indica que las denuncias por amenazas, en algunos casos, son tramitadas como faltas menores o incluso por la justicia penal militar, lo que afecta la adecuada judicialización de estos hechos.
Adicionalmente, organizaciones reportaron dificultades para acceder a información oficial sobre el estado de investigaciones, incluyendo la negativa de datos sobre más de 1.300 asesinatos de personas defensoras en las últimas décadas.
Protección, riesgos y limitaciones en la implementación
En materia de protección, la Comisión reconoce que miles de personas defensoras han sido beneficiarias de esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Por ejemplo, se reportó que en 2020 3.686 personas defensoras contaban con medidas de protección, lo que representaba cerca del 49% del total de beneficiarios de esa entidad.
No obstante, la Cidh también recibió información sobre retrasos en la asignación de medidas, esquemas considerados insuficientes frente al nivel de riesgo y falta de enfoques diferenciales en su implementación.
El informe insiste en que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión deben ser aplicadas de manera efectiva y con participación de las comunidades beneficiarias, teniendo en cuenta sus contextos territoriales y culturales.
Llamados a mejorar políticas
Frente a este panorama, la Cidh hace un llamado al Estado colombiano para fortalecer las investigaciones, acelerar los procesos judiciales y garantizar que se identifique tanto a autores materiales como intelectuales de los crímenes.
También solicita avanzar en la implementación de bases de datos unificadas, mejorar la calidad de la información y garantizar mecanismos de verificación independientes que permitan generar estadísticas confiables.
De igual forma, el organismo insiste en la necesidad de incorporar enfoques de género, étnico y territorial en todas las medidas de prevención, protección e investigación, así como en evitar la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos.
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