El paramilitar Martín Llanos fue condenado a más de 26 años de cárcel: fue encontrado culpable de de crímenes de lesa humanidad como comandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare

Un juez especializado de Yopal condenó esta semana a Héctor Germán Buitrago, más conocido como “Martín Llanos”, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, y a su hermano Nelson Buitrago a veintiséis años y ocho meses de prisión.

La sentencia responde a las acusaciones de tortura, asesinato y desaparición forzada de diecisiete personas entre 2003 y 2004, hechos que, según se conocía desde 2012, involucraron a la cúpula paramilitar en una política sistemática de violencia sobre civiles en el departamento de Casanare.

El fallo prohíbe que los condenados accedan a libertad condicional o prisión domiciliaria, y obliga además al pago de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los familiares de cada víctima, según informó el medio original, de acuerdo con la información suministrada por Noticias Uno.

A inicios de los 2000 las Autodefensas Campesinas dirigieron una campaña de desapariciones en Casanare

En el periodo comprendido entre 2003 y 2004, Martín Llanos y Nelson Buitrago ordenaron identificar y atacar a quienes consideraran una amenaza para sus actividades ilícitas o el control territorial en municipios como Villanueva, Monterrey, Agua Azul y Yopal, según consta en la sentencia analizada por el medio.

El fallo detalla que toda persona desconocida o que se opusiera a sus intereses era automáticamente sospechosa y tratada como objetivo de desaparición, tortura o asesinato.

Uno de los casos más graves recogidos por la justicia corresponde a la desaparición de una joven de 16 años, reclutada a la fuerza en 2003. Cuando intentó reinsertarse en la vida civil, fue secuestrada nuevamente por integrantes de las Autodefensas el 15 de marzo de 2004, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Entre las víctimas figuraba también un menor de edad.

Según el fallo, la práctica de las Autodefensas incluía utilizar la tortura para interrogar y extraer información a civiles, antes de proceder a su asesinato y posterior desmembramiento.

La decisión del juzgado incorpora a otros exintegrantes de la agrupación: Josué Darío Orjuela, conocido como alias Olín, fue condenado a veintiséis años y ocho meses de prisión, mientras que Héctor Gregorio Hernández, alias Pocholo, recibió una pena de diecisiete años y once meses de prisión por homicidio.

El proceso judicial, iniciado formalmente en 2012, expuso el patrón de represión impulsado por “Martín Llanos” y su círculo para consolidar el control social y territorial en Casanare. Aunque la condena fue emitida en 2024, los familiares de víctimas seguirán recibiendo el resarcimiento judicial ordenado por el juzgado, mientras la mayoría de desaparecidos se mantiene sin localizar.

Esta sentencia implica que “Martín Llanos” y Nelson Buitrago deberán cumplir la totalidad de la pena en prisión, sin beneficios, respondiendo judicialmente por crímenes cuya sistematicidad y brutalidad quedaron acreditadas ante la justicia colombiana.

Gobernador de Antioquia mantendrá demanda de nulidad a resolución que levantaba órdenes de captura a 23 cabecillas

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón anunció que mantendrá la demanda de nulidad contra la resolución que suspendía las órdenes de captura de 23 cabecillas de estructuras criminales, pese a que la Fiscalía General de la Nación revocó parcialmente esa medida tras reconocer que algunos beneficiarios continuaban delinquiendo.

En su declaración, el dirigente departamental señaló que la liberación de condenados representa un riesgo para la seguridad ciudadana y cuestionó duramente tanto la rigurosidad del órgano judicial como el proceder del Gobierno nacional.

Tras la reacción pública del gobernador Rendón, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó en entrevista con Caracol Radio que la Fiscalía había revocado la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura iniciales, luego de comprobar que los beneficiarios persistían en actividades delictivas mientras eran designados como gestores de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.

Camargo reconoció la magnitud de la negligencia administrativa al señalar que la resolución se expidió “a ciegas”, sin advertir que varios de los nombres correspondían a delincuentes ya condenados y cabecillas de más de 1.200 combos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.