Lina María Garrido reaccionó a decisiones a favor de Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla: “Es un día triste para la justicia en Colombia”

El retiro de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González y la libertad por vencimiento de términos de Ricardo Bonilla, implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), provocaron un fuerte pronunciamiento de la representante a la Cámara Lina María Garrido, que habló de cómo en este caso se estaría burlando a la ley y favoreciendo al entorno del presidente Gustavo Petro.

Garrido, que publicó un mensaje en su perfil de X, definió el impacto de estas determinaciones como la configuración de un “día triste” para la justicia, pues tanto como el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el ex ministro de Hacienda habrían tenido un papel preponderante en el megacaso de corrupción al interior de la unidad, en nombramientos que hizo de forma directa el jefe de Estado.

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“Es un día triste para la justicia en Colombia. Dos protagonistas del megaescándalo de corrupción de la Ungrd se han burlado de la ley. Interpol suspendió la circular roja contra Carlos Ramón González, quien fue director del Dapre cuando se robaron la plata y a quien el Gobierno de Petro ayudó a fugar, y se otorgó libertad por vencimiento de términos a Ricardo Bonilla, quien siendo ministro de Hacienda ejecutó la orden", dijo.

Las decisiones con las que salieron bien librados Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla

En lo que respecta a González, la decisión de Interpol fue la de anular la notificación roja que daba soporte a su captura internacional. La razón, según se pudo conocer, es un posible error en el proceso por parte de las autoridades colombianas o a la aceptación de argumentos legales sobre “motivaciones políticas”, mientras que la Fiscalía solicitó la reactivación inmediata de la alerta.

Por su parte, en lo que concierne a Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad tras constatar que, pese a la imputación formal de cargos, el ente acusador no radicó el escrito de acusación en los términos legales. El plazo, fijado en 60 días por la ley, se extendió a 120 sin resolución, por lo que la magistrada Isabel Fernández afirmó durante la audiencia que el término se venció el 31 de marzo.

Esto llevó al enérgico pronunciamiento de Garrido, que sostuvo que la suspensión de la orden de captura y la liberación por vencimiento de términos han beneficiado a exfuncionarios clave de la administración de Gustavo Petro. “Son sus amigos personales”, remarcó en su publicación en la red social X, en relación con estos dos mediáticos casos, en los que el presidente Gustavo Petro se pronunció en diferentes oportunidades.

González, en su paso por el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habría sido el “cerebro” del plan de desvío de fondos en la Ungrd. Se le acusa de ordenar pagos de sobornos por $4.000 millones en efectivo a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo era garantizar la viabilidad parlamentaria de las reformas propuestas por la administración Petro.

En julio de 2025, cuando se dictó una orden de captura en Colombia, se supo que el exfuncionario salió del país y se asiló en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega le concedió asilo, al alegar una persecución política y meses después, en diciembre de 2025, fue visto en una fiesta oficial en la embajada de Colombia en Managua; lo que derivó en la apertura de una investigación disciplinaria de la Procuraduría en este caso.

Bonilla, entretanto, enfrentaba cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, como parte de lo que sería el direccionamiento de contratos en favor de algunos congresistas, a cambio de votos en el legislativo. Sin embargo, la aparente inacción procesal de la Fiscalía le abrió la puerta para su excarcelación, pese a que seguirá ligado al proceso.