HRW denuncia despliegue de mercenarios colombianos en Sudán con presunto apoyo de Emiratos Árabes Unidos

El más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) documentó que mercenarios colombianos fueron contratados por una empresa privada de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y recibieron entrenamiento en bases militares de ese país antes de ser desplegados en Sudán para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar acusada de cometer crímenes de guerra y atrocidades generalizadas durante el conflicto que mantiene con el Ejército sudanés desde 2023.

Este despliegue de contratistas militares privados colombianos, con aparente apoyo estatal emiratí, se suma a las pruebas del respaldo militar de EAU a las RSF, según concluye el documento.

Reclutamiento y entrenamiento en Emiratos Árabes Unidos

De acuerdo con Human Rights Watch, la empresa Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, contrató a cientos de colombianos desde 2024. Los reclutados fueron trasladados a bases militares en Ghiyathi y Al Wathba, donde recibieron formación de oficiales emiratíes antes de ser enviados a Sudán. Un contratista militar colombiano relató a HRW que al llegar a EAU no les sellaron los pasaportes y fueron llevados directamente a la base de Ghiyathi para el entrenamiento.

El informe detalla que la campaña de reclutamiento fue liderada por entidades privadas, pero indica que los colombianos pasaron por instalaciones militares propiedad del Estado emiratí. HRW verificó, mediante análisis de fotografías y videos, que los contratistas efectivamente estuvieron en bases de EAU antes de su despliegue en Sudán.

Participación directa en el conflicto sudanés

La presencia de mercenarios colombianos en El Fasher, capital de Darfur del Norte, quedó documentada en octubre de 2025, cuando las RSF tomaron la ciudad y perpetraron asesinatos y abusos. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos de la ONU para el Sudán afirmó que los hechos en El Fasher presentaban “indicios de genocidio”.

Human Rights Watch verificó videos y fotografías en redes sociales que muestran a los contratistas luchando y entrenando junto a las RSF en Sudán. La primera evidencia pública de la presencia de estos colombianos surgió en noviembre de 2024, cuando videos publicados en redes sociales por grupos armados aliados al Ejército sudanés mostraron la interceptación de un convoy de colombianos que había ingresado por Libia.

Los contratistas portaban proyectiles de 81 mm de fabricación búlgara, desviados de los arsenales de las Fuerzas Armadas de los EAU, en aparente violación de acuerdos internacionales sobre el uso final de armamento, según investigaciones de HRW, Amnistía Internacional y France 24.

Acusaciones de crímenes de guerra y uso de menores

El informe recogió testimonios de residentes de El Fasher que presenciaron la participación de extranjeros “blancos” en los asesinatos masivos cometidos por las RSF, equipados con cascos, chalecos antibalas y rodilleras. Además, un contratista colombiano afirmó haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos alrededor de Nyala, donde muchos de los reclutas eran niños pequeños. La Silla Vacía también reportó que parte de los mercenarios participaron en entrenamiento de menores.

El derecho internacional prohíbe el reclutamiento o uso de menores de 15 años en conflictos armados, considerándolo un crimen de guerra. El secretario general de la ONU confirmó 16 casos de reclutamiento infantil por parte de las RSF en 2024, por lo que el grupo fue incluido en la “lista de la vergüenza” por graves violaciones contra la infancia.

Estructura y vínculos de la empresa contratista

GSSG fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la Corte Presidencial de EAU, quien transferiría sus acciones en 2017 a Mohamed Hamdan al-Zaabi, socio comercial y actual directivo. GSSG se presenta como la primera empresa de seguridad privada armada con licencia en el país y, hasta hace poco, anunciaba que ministerios clave de EAU eran sus clientes, y que era el único proveedor privado de servicios de seguridad armada para el gobierno.

Un exempleado de GSSG declaró que entre los clientes de la empresa podrían encontrarse altos miembros de la familia gobernante. HRW revisó correos filtrados que respaldan esta versión. Al-Zaabi continúa vinculado a al-Humairi en negocios.

Respuestas oficiales y contexto legal

Las autoridades de EAU niegan haber brindado apoyo militar a las RSF y sostienen que su asistencia a Sudán es exclusivamente humanitaria. No obstante, HRW subraya que EAU es un Estado autoritario centralizado, donde las actividades de empresas privadas deben coordinarse con las autoridades. La legislación local exige que las empresas de seguridad privada garanticen que sus operaciones no interfieran con la seguridad nacional.

Human Rights Watch compartió sus hallazgos con GSSG, funcionarios de EAU y otras partes implicadas, sin obtener respuesta.

Llamado a la acción internacional

El informe de HRW solicita que el Consejo de Seguridad de la ONU investigue a GSSG y a al-Zaabi por su posible papel de apoyo en violación del embargo de armas de la ONU sobre Darfur. Recomienda que la Unión Europea, la Unión Africana y los gobiernos interesados consideren sanciones específicas y suspendan la cooperación militar y ventas de armas a Emiratos Árabes Unidos.

HRW insta a que la comunidad internacional utilice sus relaciones bilaterales para presionar a las autoridades emiratíes con el objetivo de que cesen el apoyo a las RSF.

La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, enfatizó: “Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Gobiernos a nivel global deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los Emiratos Árabes Unidos respecto a su apoyo a las RSF y deben poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.