El martes de 7 de abril, Interpol levantó la orden de captura emitida contra Carlos Ramón González, exjefe de la DNI y el Dapre en Colombia, quien está refugiado en Nicaragua bajo protección del gobierno de Daniel Ortega.
El exfuncionario es investigado por su presunta implicación en la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La decisión de Interpol dejó sin efecto la solicitud de captura, lo que para la Fiscalía General de la Nación representa un obstáculo en la investigación sobre el millonario desfalco a la Ungrd.
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González es considerado uno de los principales articuladores de la estructura que, según el expediente judicial, habría utilizado recursos públicos para influir en el Congreso colombiano.
El expediente en su contra detalla que, en septiembre de 2023, dentro de la oficina del Dapre en el Palacio de Nariño, González Merchán instruyó a Olmedo López para que entregara contratos de la Ungrd por 60.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y por 10.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas. Los contratos, según el documento, ya habían sido ofrecidos previamente a los congresistas.
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Las autoridades judiciales lo imputaron por cohecho por dar u ofrecer, peculado y lavado de activos. La fiscal María Cristina Patiño formalizó la acusación ante el Tribunal de Bogotá, mientras que el propio González ha rechazado públicamente los cargos desde el inicio del proceso.
La solicitud de captura nunca llegó a concretarse. Aunque González había manifestado a la Fiscalía que residía en Bogotá, en el 2025 se confirmó su presencia en Nicaragua. El acceso al asilo político fue gestionado con el apoyo de diplomáticos colombianos en Managua, lo que le permitió evadir la acción de la justicia local.
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La situación actual plantea un desafío para las autoridades, que ahora deben replantear las estrategias judiciales y diplomáticas para avanzar en el caso. El retiro de la circular roja por parte de Interpol deja en el aire la posibilidad de que González sea procesado en Colombia por su presunta responsabilidad en la trama de corrupción en la Ungrd.
En la investigación se señala que, a cambio de estos contratos, se buscaba el respaldo de los congresistas para facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el presidente Petro. González, mientras tanto, continúa negando cualquier vínculo con los delitos que se le atribuyen, refugiado en Managua bajo la protección del régimen de Ortega.
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Orden de captura internacional contra Carlos Ramón González
La Corte Suprema de Justicia en Colombia ratificó la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reforzando la búsqueda global tras su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
El fallo, compuesto por 23 páginas, fue emitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que respaldó una sentencia previa del 14 de octubre de 2025 y avaló la labor del juez constitucional de primera instancia. Según el documento, este respaldo se dio descartando cualquier afectación a la presunción de inocencia del acusado.
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El caso tomó un giro diplomático luego de que el Gobierno de Nicaragua concediera asilo a González. La decisión se produjo tras una solicitud formal de extradición presentada por el presidente Gustavo Petro el 15 de agosto de ese mismo año. El Ejecutivo colombiano, sin embargo, rechaza que la petición tuviera motivaciones políticas.
La investigación sostiene que González, entonces director del Dapre, coordinó una operación de sobornos durante una reunión en septiembre de 2023 con Olmedo López en el Palacio de Nariño. A raíz de reiteradas demandas de recursos por parte de Name y Calle, González habría instruido a López para que entregara coimas en efectivo por USD 4 millones a ambos legisladores, quienes actualmente permanecen privados de libertad por decisión de la Corte Suprema.
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