Gustavo Bolívar y María José Pizarro explotaron contra el CD por nueva investigación contra Alirio Barrera: “Esa es la verdadera cara de la derecha”

El senador Alirio Barrera, representante del partido Centro Democrático, afronta un proceso administrativo tras la detección de más de 412 hectáreas con origen baldío bajo su propiedad en los municipios de Nunchía y Aguazul, en Casanare.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la apertura de una investigación para determinar si el exgobernador acumuló terrenos cuyo destino legal es la adjudicación a campesinos sin tierra.

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Según un reporte difundido por Casa Macondo y citado por El Tiempo, la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT examina la adquisición de predios por parte de Barrera, quien habría utilizado mecanismos como englobes, subdivisiones y permutas para consolidar su patrimonio inmobiliario.

El expediente señala que parte de esos bienes fueron adjudicados en el pasado por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y posteriormente fraccionados o vendidos a terceros, entre ellos figuras con influencia política en la región.

La normativa vigente establece límites claros a la cantidad de hectáreas de origen baldío que una persona puede poseer, con el objetivo de evitar la concentración de la propiedad rural y favorecer el acceso a la tierra por parte de familias campesinas.

En el caso de Aguazul, el tope autorizado para quienes no son sujetos de reforma agraria es de 61 hectáreas. La diferencia entre el patrimonio de Barrera y el límite legal alcanza 351 hectáreas, es decir, supera en más de seis veces el máximo permitido.

La investigación detalla que el senador figura como propietario de 14 predios en el país, ocho de ellos con origen baldío y ubicados en zonas protegidas para prevenir la acumulación. Las transacciones y maniobras señaladas habrían permitido ingresos millonarios por la comercialización de estos lotes en la región de Casanare.

La ANT continúa con el estudio preliminar destinado a individualizar posibles infracciones. Si se confirman irregularidades, el proceso avanzaría hacia demandas de nulidad de títulos ante la justicia. Sin embargo, la entidad advierte que el expediente podría archivarse si no se comprueban violaciones a la ley.

La controversia política en Colombia creció tras las afirmaciones de Gustavo Bolívar y María José Pizarro en la red social X, donde ambos señalaron al senador Alirio Barrera por la presunta apropiación de tierras baldías.

Según la información difundida en distintas plataformas, el dirigente del Centro Democrático habría adquirido 487 hectáreas que, de acuerdo con la denuncia, pertenecen al campesinado y forman parte de los predios de uso colectivo.

De acuerdo con lo expuesto por la militante del Pacto Histórico, “se confirmaría que el senador del Centro Democrático se apropió de 487 hectáreas de tierras baldías que le pertenecen al campesinado”.

La congresista remarcó que mientras sectores políticos critican la reforma agraria, “acumulan lo que es del pueblo”. El señalamiento se enmarca en el debate nacional sobre la distribución de la tierra y el papel de actores políticos en la gestión de bienes agrícolas.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar sostuvo que “lo que hacían impunemente muchos uribistas cuando tenían el poder” incluía “robar tierras, repartirse los bienes de la SAE, etc.”.

El también escritor agregó que “se mueren por volver a la presidencia para hacer sus fechorías con impunidad”.

Por último, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández expuso en X el intento del senador Alirio Barrera de censurar una investigación periodística que lo vincula con la presunta acumulación ilegal de hectáreas de tierras baldías en Casanare.

Hernández recordó que Barrera, perteneciente al Centro Democrático, “intentó callar” al medio Casa Macondo presentando una tutela para exigir la eliminación del reportaje que documenta el origen y la consolidación de su patrimonio rural.

Según la congresista, “la respuesta fue contundente: el Tribunal Superior de Yopal se la negó y le dio la razón al medio”. El fallo judicial respaldó la labor de Casa Macondo y reafirmó la protección constitucional a la libertad de prensa, descartando cualquier medida que impidiera la circulación de información sobre el caso.

Hernández cuestionó las acciones del senador y señaló: “en vez de intentar censurar el periodismo, Alirio Barrera debería explicarle al país cómo se convirtió en uno de los terratenientes más poderosos de Casanare siendo concejal”.