Defensoría del Pubelo criticó la inacción estatal ante aumento de homicidios en Buenaventura: van al menos 23 casos en dos meses

La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el distrito de Buenaventura, donde se ha evidenciado un incremento de homicidios y otras formas de violencia armada en el primer trimestre de 2026.

Según el comunicado oficial, los hechos están asociados a disputas entre grupos armados organizados que buscan expandir su control territorial, lo que ha derivado en vulneraciones a los derechos humanos.

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De acuerdo con la entidad, entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 homicidios, en su mayoría de jóvenes entre los 17 y 30 años. “Esto evidencia el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal”, señaló la Defensoría en su pronunciamiento.

Expansión de disputas y control territorial

La Defensoría del Pueblo informó que se ha identificado una expansión de las disputas territoriales en varias comunas del Distrito, especialmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12. Estas dinámicas, según la información recolectada por la entidad, responden a procesos de reconfiguración interna de los grupos armados organizados.

Entre los factores que inciden en esta situación se encuentran las capturas de integrantes de estas estructuras, lo que ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos dentro de los grupos. A su vez, estas confrontaciones están relacionadas con el control de economías ilícitas en la región.

Estas dinámicas han derivado en la consolidación de “fronteras invisibles”, así como en restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos sectores de Buenaventura, lo que afecta de manera directa la vida cotidiana de los habitantes. La entidad también advirtió que estas condiciones impactan la organización social, la participación comunitaria y el ejercicio de derechos en los territorios afectados.

Jóvenes y menores, entre los más afectados

El comunicado resalta que existe una afectación particular sobre jóvenes hombres, quienes, según la Defensoría, se ven involucrados en patrones de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento en medio de las disputas entre grupos armados.

Asimismo, se documentó al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, así como la aprehensión de otro menor presuntamente vinculado a estructuras armadas. A estos hechos se suman tres casos de personas desaparecidas, fenómeno que, según la entidad, ocurre de manera paralela a los homicidios.

“La falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación afectan a las familias que están a la espera de información que les permita encontrar a sus seres queridos desaparecidos”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Además, la entidad reportó afectaciones a entornos escolares y la persistencia de otras conductas como extorsiones a comerciantes y transportadores en corredores viales, secuestros y enfrentamientos armados en distintos sectores del distrito. Estos enfrentamientos han incluido intercambios de disparos que han impactado viviendas y han limitado la movilidad de la población, generando condiciones de riesgo para la comunidad.

Llamado urgente al Estado y a los grupos armados

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reiteró que la respuesta institucional no ha sido suficiente frente a las dinámicas de control territorial de los actores armados organizados. “La persistencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y otras conductas asociadas reflejan la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio”, señaló.

En este contexto, la entidad instó al Gobierno nacional, así como a las autoridades regionales y locales, a implementar acciones que permitan una intervención integral en materia de seguridad, justicia y oferta social. El objetivo, según indicó, es restablecer condiciones que reduzcan los riesgos para la población civil y garanticen el ejercicio de sus derechos.

La Defensoría enfatizó que estas medidas deben priorizar los sectores con mayor nivel de afectación y atender de manera diferenciada a jóvenes, comunidades en condición de vulnerabilidad y entornos educativos. También subrayó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para contener las dinámicas de violencia, garantizar la protección de la población y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo.

Finalmente, la entidad hizo un llamado directo a los grupos armados que participan en conversaciones para la construcción de paz, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. “Respetando la vida e integridad de personas lideresas y comunidades, y seguir avanzando en los procesos de diálogo que permitan su disolución y reintegración a la sociedad”, concluyó la Defensoría del Pueblo en su comunicado.