Colombia Compra Eficiente negó que existan contratos “a dedo” por $31 billones durante el actual Gobierno, según información obtenida por Revista Semana, y aseguró que los datos difundidos no corresponden a reportes oficiales.
La entidad afirmó que la información fue manipulada y sacada de contexto, generando interpretaciones erróneas sobre el uso de recursos públicos.
El pronunciamiento busca aclarar cifras relacionadas con asociaciones público populares y el sistema de contratación estatal.
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Desmentido sobre cifras millonarias
La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, emitió un comunicado en el que rechazó versiones que señalaban la existencia de contratos adjudicados “a dedo” por un valor de 31 billones de pesos durante el actual periodo de gobierno.
De acuerdo con la entidad, no es cierto que haya reportado ese tipo de contratación irregular, como se ha difundido en algunos medios, y aclaró que dicha cifra no corresponde a un gasto real ni a contratos otorgados bajo mecanismos directos sin control.
“No es cierto, como se ha difundido en algunos medios de comunicación, que esta entidad reportara contratos ‘a dedo’ por $31 billones durante el actual periodo de gobierno”, indicó la Agencia en su pronunciamiento, citado por Revista Semana.
Además, precisó que tampoco es correcto afirmar que el Gobierno haya destinado esa suma a contratos con asociaciones público populares, una figura incluida dentro del marco legal vigente en años recientes.
La entidad insistió en que la información difundida fue interpretada de manera incorrecta, lo que generó conclusiones imprecisas sobre el manejo de los recursos públicos en el país.
Origen de los datos y aclaraciones técnicas
Colombia Compra Eficiente explicó que los datos mencionados corresponden a un consolidado de contratos registrados en las plataformas SECOP y SECOP II, que agrupan información de todas las entidades del nivel nacional y territorial, así como de las distintas ramas del poder público.
En ese sentido, aclaró que se trata de contratos celebrados bajo diversas modalidades contempladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y no de adjudicaciones directas o irregulares.
“La información suministrada por esta Agencia a un medio de comunicación, vía derecho de petición, fue manipulada y sacada de contexto, para elaborar una noticia con interpretaciones imprecisas y carentes de rigor”, señaló la entidad.
El organismo también desmintió que se hayan firmado más de 80.000 contratos bajo la figura de asociaciones público populares, como se había sugerido en algunas versiones difundidas.
En contraste, indicó que tras una revisión detallada se identificaron únicamente 97 contratos suscritos bajo esta modalidad, con un valor total de 3.592 millones de pesos.
De estos, solo seis corresponden a entidades del orden nacional, con un monto cercano a 1.204 millones de pesos, mientras que el resto fueron celebrados por entidades territoriales.
Alcance de las asociaciones público populares
La Agencia recordó que las asociaciones público populares fueron creadas mediante el artículo 100 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2023, con el objetivo de facilitar la contratación con organizaciones sin ánimo de lucro y actores de la economía popular.
Esta figura permitía la contratación directa hasta la mínima cuantía de las entidades, siempre bajo condiciones específicas definidas en la normativa.
Sin embargo, su aplicación estuvo limitada en el tiempo, ya que solo pudo implementarse tras su reglamentación en julio de 2024 y posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en febrero de 2026.
Esto significa que su vigencia fue de aproximadamente un año y siete meses, periodo durante el cual se celebraron los contratos reportados por la entidad.
En el mismo contexto, Colombia Compra Eficiente señaló que otra figura relacionada, las asociaciones de iniciativa público popular, no llegó a aplicarse debido a la falta de reglamentación por parte del Gobierno nacional.
El pronunciamiento de la entidad se da en medio de un debate público sobre la transparencia en la contratación estatal y el uso de los recursos públicos, en el que las cifras y su interpretación han generado controversia.
Con esta aclaración, la Agencia busca precisar el alcance real de la información y evitar conclusiones erróneas sobre el sistema de contratación en Colombia, mientras continúa el seguimiento a los procesos y la divulgación de datos oficiales.
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