La firma de la Ley 2569 del 17 de marzo de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro, que ratifica la prohibición internacional del uso de mercenarios, coincidió con la publicación de las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas tras su reciente visita a Colombia.
La organización internacional emitió una fuerte alerta por el pronunciado crecimiento de “reclutamientos predatorios” y la presencia masiva de colombianos en conflictos armados internacionales.
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Los integrantes de la misión del Grupo de Trabajo en Colombia se propusieron mapear las dinámicas del reclutamiento de ciudadanos nacionales para actividades militares o de seguridad en el extranjero.
Desde Bogotá, Cali y Medellín, los expertos se reunieron con altos funcionarios del gobierno, organismos de control, representantes de organizaciones civiles, agencias multilaterales y, significativamente, con familias de quienes fueron al exterior para tareas de seguridad o participaron como combatientes en conflictos armados.
Durante la visita, los participantes de la delegación de la ONU indicaron que era necesario para el país contar con una medida legislativa para detener la problemática.
“Alentamos a que se acelere el examen de la Ley 2569 por parte de la Corte Constitucional en consonancia con las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos”, se lee en el documento.
En cuanto a la publicación de la Ley 2569 —que ratifica el Convenio Internacional de 1989 sobre mercenarios— marca un punto de inflexión legislativo. Este tratado busca prohibir el reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios y responde a una preocupación que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Las raíces del reclutamiento de colombianos en el exterior
En el informe constó que el impacto de más de seis décadas de conflicto armado interno, que dejó a Colombia con una de las sociedades más militarizadas del continente, ha permitido que, en los últimos 11 años, la demanda global por personal colombiano con experiencia militar o en seguridad se impulse, particularmente, por factores económicos y vacíos regulatorios.
Las oportunidades laborales son tan atractivas que muchos exmilitares, policías y veteranos —en su mayoría hombres jóvenes forzados a retirarse tras veinte años de servicio, y con pensiones bajas, unos 2.000.000 mensuales— terminan buscando trabajo lícito o ilícito en el exterior. Los expertos indican que las ofertas pueden oscilar entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales, cifras inalcanzables en el mercado local.
Diez mil colombianos en el exterior prestando servicios de combate
En ese sentido, y según datos obtenidos por la delegación internacional, más de 10.000 colombianos podrían estar actualmente reclutados para operaciones militares y de seguridad en el extranjero. Por la falta de información precisa, resulta difícil establecer en cuántos casos se trata de voluntarios, contratistas legales o mercenarios en sentido estricto.
La diáspora combatiente colombiana se distribuye en países en conflicto como la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Además, existen redes de reclutamiento para servicios de seguridad en Oriente Medio, particularmente en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y para operaciones vinculadas al crimen organizado en países como México y Brasil. La presencia también se extiende a Ecuador, Perú, Haití y otros vecinos regionales.
La situación ha dejado una emergencia humanitaria para centenares de familias que, en el caso de mercenarios muertos en otros países, solicitan la repatriación de cuerpos y la localización de desaparecidos.
Se calcula que más de 600 familias colombianas buscan noticias concretas sobre el paradero de sus familiares, y al menos 300 han acudido a ONG para reclamar respuestas y asistencia ante las autoridades nacionales y extranjeras.
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