El cierre del escrutinio oficial para la Cámara de Representantes por Bogotá dejó algo más que la distribución definitiva de curules: desató una controversia política y jurídica dentro del Centro Democrático, marcada por la exclusión del candidato Josías Fiesco, quien pasó de tener un escaño asegurado en el preconteo a quedar por fuera tras la revisión final de votos.
El caso de Fiesco se convirtió en el principal foco de atención tras conocerse los resultados consolidados del proceso electoral del pasado 27 de marzo.
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En el preconteo del 8 de marzo, el candidato había alcanzado 17.340 votos, cifra que le permitía ubicarse dentro de los seis representantes que su partido llevaría al Congreso.
Sin embargo, el escrutinio —que incluye la verificación detallada de actas y posibles inconsistencias— modificó el orden interno de la lista, dejándolo por fuera por un margen cercano a los 50 votos.
En su lugar, ingresaron Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo, quienes lograron superar a Fiesco en la contabilidad final. Esta variación, aunque numéricamente estrecha, tiene un impacto político considerable al interior del partido, pues redefine su bancada en Bogotá y genera tensiones entre sus propios integrantes.
Fiesco no tardó en reaccionar. En declaraciones a medios, denunció lo que considera irregularidades en el proceso y sugirió la existencia de maniobras internas para impedir su llegada al Congreso.
“Nosotros derrotamos a las maquinarias (…) vamos a seguir en la defensa de estas banderas. No pueden ganar haciendo trampa”, afirmó al medio Caracol Radio, al tiempo que cuestionó lo que calificó como “fuego amigo” dentro de su colectividad.
El término no es menor. En el contexto político colombiano, hablar de “fuego amigo” implica acusaciones de sabotaje interno o disputas entre miembros del mismo partido, lo que deja en evidencia fracturas dentro del Centro Democrático en un momento clave de reorganización de fuerzas de cara a la próxima legislatura.
La controversia adquiere además un carácter jurídico. El candidato anunció que su equipo evalúa interponer acciones ante el Consejo de Estado, instancia encargada de dirimir disputas electorales.
De concretarse esta demanda, el caso podría prolongarse durante meses y eventualmente modificar —aunque de manera poco frecuente— la composición final de la Cámara por Bogotá.
El episodio se da en medio de la confirmación oficial de los resultados electorales en la capital, donde se distribuyeron 18 curules tras el escrutinio definitivo.
En total, 2.872.657 votos válidos fueron contabilizados, consolidando un nuevo mapa político para Bogotá de cara al inicio del próximo periodo legislativo el 20 de julio en el Congreso de la República de Colombia.
En ese escenario, el Pacto Histórico se posicionó como la principal fuerza al alcanzar 932.728 votos y obtener ocho curules, mientras que el Centro Democrático se mantuvo como la primera minoría con seis escaños y 694.326 sufragios. No obstante, fue precisamente dentro de esta última colectividad donde se produjo la mayor controversia tras la revisión voto a voto.
Diversas fuerzas políticas incrementaron su votación tras la verificación de actas: el Pacto Histórico sumó más de 17.000 votos adicionales, el Centro Democrático cerca de 7.800, y otras colectividades como la Alianza Verde y Salvación Nacional también registraron aumentos menores.
Estos ajustes, aunque esperados dentro del procedimiento electoral, resultaron determinantes en disputas cerradas como la de Fiesco.
La recomposición también se reflejó en la integración final de la Cámara por Bogotá.
Además de los cambios en el Centro Democrático, otras fuerzas consolidaron su representación: la Alianza Verde obtuvo dos curules, mientras que partidos como Salvación Nacional y el Partido Liberal lograron asegurar un escaño cada uno, manteniendo una presencia más reducida pero clave en el equilibrio legislativo.
Mientras el Consejo Nacional Electoral avanza en la proclamación definitiva de los resultados —incluyendo los votos del exterior—, la posible batalla jurídica de Fiesco se perfila como uno de los primeros pulsos políticos que marcarán el inicio del nuevo periodo legislativo.
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