El Ministerio de Defensa de Colombia, en cabeza de Pedro Sánchez Suárez, entregó el miércoles 25 de marzo un balance oficial sobre la atención a las víctimas y sobrevivientes del reciente accidente aéreo ocurrido en Putumayo.
La tragedia, que dejó 69 personas fallecidas y 57 heridas, movilizó a distintas entidades del Estado para garantizar la atención integral a los afectados y sus familias. Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, Sánchez Suárez aseguró que el proceso de identificación de los cuerpos avanza bajo estrictos protocolos técnicos y judiciales, destacando la labor de doce equipos forenses y dos fiscales de Justicia Penal Militar.
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“69 familias lloran la partida irreparable de sus seres queridos y toda Colombia está de luto, pero también toda Colombia los acompaña”, afirmó el ministro en declaraciones públicas.
Investigación rigurosa y compromiso con la verdad
El Gobierno nacional reiteró su compromiso con una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y evitar cualquier forma de impunidad. Pedro Sánchez Suárez enfatizó ante los familiares de las víctimas que se adelanta una indagación rigurosa para establecer las causas del siniestro, subrayando que toda información prematura sobre posibles hipótesis constituye un irrespeto para los afectados y para el debido proceso.
“Cualquier información que se diga de hipótesis, de causas, desde mi perspectiva, es un irrespeto y una irresponsabilidad”, puntualizó el funcionario, que también aseguró que la investigación se mantiene bajo reserva y que los resultados serán comunicados de manera transparente.
Denuncias por intentos de fraude y acompañamiento estatal
El balance institucional incluyó una alerta sobre personas que han intentado aprovecharse del dolor de las familias. El Ministerio de Defensa denunció que terceros se acercaron a los allegados de las víctimas para solicitar dinero a cambio de facilitar el proceso de identificación y entrega de cuerpos, pese a que el Estado asume completamente todos los costos asociados.

“En medio de ese dolor y esta tragedia uno encuentra cosas absurdas. Gente inescrupulosa que le decía a las familias que debían pagar por la identificación de los cuerpos y que, si querían, podían ayudarles como intermediarios; eso es falso”, declaró el ministro Sánchez, que insistió en que ningún familiar debe pagar por trámites de identificación, traslado ni entrega de cuerpos.
El funcionario también advirtió que personas ajenas a la investigación se presentaron como abogados ante los familiares, sugiriendo causas del accidente sin fundamento alguno. “Eso es un irrespeto con todos los procesos que se están adelantando, con toda la investigación, que tomará tiempo, pero se hará lo más pronto posible”, agregó.
El Ministerio de Defensa reiteró que toda la asistencia y trámites para las familias de las víctimas están garantizados por el Estado, sin costo alguno y sin intermediarios. Además, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o intento de fraude ante las autoridades competentes.

Atención médica y programas de apoyo para los sobrevivientes
En cuanto a los uniformados que lograron salir con vida, el Ministerio reportó 27 heridos, de los cuales dos permanecen en unidades de cuidados intensivos. Todos los pacientes reciben atención médica integral en hospitales de la red pública y privada, bajo coordinación de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Salud.
El Gobierno informó que se mantiene un acompañamiento psicológico y jurídico permanente a las familias, articulado con la Fundación Matamoros. Dispusieron canales de apoyo y programas como Hijos de Honor, destinados a garantizar la educación de los hijos de las personas fallecidas en el siniestro.
“Si alguien se quiere unir a apoyar a estas familias, hemos abierto canales como la Fundación Matamoros. Pueden ingresar a Internet en fundacionmatamoros.org y allí pueden ver las opciones de cómo pueden apoyar a las familias. Uno de los programas que tenemos es Hijos de Honor, en la cual nosotros, a través de mucha articulación con empresas y con otras entidades, le aseguramos la educación de los hijos e hijas de nuestros 68 hombres y una mujer que perecieron sirviendo a la patria”, explicó Sánchez Suárez en atención a los medios.

Detalles de la aeronave y seguimiento a la investigación
Sobre la aeronave siniestrada, el ministro detalló que se trata de un Lockheed C-130 Hércules, fabricado en 1983, con 43 años de servicio y 1.038 horas de vuelo recientes tras mantenimiento. El aparato era operado por una tripulación con amplia experiencia, según la información oficial.
La investigación se encuentra en curso y bajo estricta reserva, sin que hasta el momento se hayan divulgado hipótesis sobre las causas del accidente, en concordancia con el compromiso institucional de no generar expectativas infundadas entre los familiares y la opinión pública.
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