Defensa de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, aseguró que imputados crearon plan para ‘tapar’ el crimen: “Querían dañar su dignidad”

La imputación de cuatro personas por tortura, alteración de pruebas, soborno a testigos y ocultamiento de información en el caso de Juan Felipe Rincón dio un giro en la investigación de uno de los crímenes más sonados en el sur de Bogotá durante 2024.

Desde la perspectiva de Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de un plan criminal orientado a perjudicar a la víctima, con el testimonio de una menor como clave para desentrañar los hechos.

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En medio de una entrevista entregada a Caracol Radio, los principales argumentos del ente acusador se encuentran la existencia de un presunto delito de tortura y la alteración de pruebas en torno al asesinato de Juan Felipe Rincón, de 21 años, en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, el 24 de noviembre de 2024.

Criollo detalló que la narrativa oficial inicialmente señaló erróneamente a la víctima como responsable, pero la declaración de testigos menores permitió reorientar la investigación y fundamentar la imputación de delitos graves a los implicados.

“Para el 24 de noviembre del 2024, el titular era que se había acabado con la vida de un violador. Hoy en día vemos que eso no es cierto, que era todo lo contrario, que aquí existió un plan, inclusive, de dañar la dignidad de Juan Felipe después de su deceso. Y esa era la forma de la defensa que querían ejercer estas personas para generar el distractor”, señaló el abogado en diálogo con el medio radial.

Según Criollo, la Fiscalía imputó a las cuatro personas que, además del homicidio, fueron señaladas por tortura, alteración de pruebas, soborno a testigos y ocultamiento de información.

De acuerdo con el relato del abogado, estos presuntos responsables habrían planeado un esquema criminal para atraer a Rincón bajo engaños y manipular la percepción sobre los hechos.

“Lo tildaron de violador, de pedófilo y de cualquier tipo de calificativo negativo que no merecía este joven. No lo digo yo, ya lo han dicho un fiscal y un juez de la República, que las conversaciones no tenían ese contenido, pero ellos crearon esa narrativa para poder justificar las situaciones de los golpes, de generar un engaño, utilizar menores para ejecutar ese plan y seducir a Juan Felipe para llevarlo a ese barrio Quiroga. Inclusive, se hablaba de repartición de utilidades”, comentó Criollo.

El abogado explicó que la línea de investigación se amplió al solicitarse, en enero de 2025, el análisis de los hechos previos y concomitantes al homicidio. Criollo enfatizó que la Fiscalía consideró que los cuatro imputados representan un riesgo por la posible obstrucción a la justicia, respaldando la solicitud de medidas restrictivas.

El papel determinante de los testigos menores en la investigación

La participación de una menor identificada como S.B.B. fue descrita por Criollo como fundamental para esclarecer el caso y sustentar la imputación. La testigo aseguró que en la vivienda donde se llevó a Juan Felipe Rincón existía tráfico de estupefacientes y que se ofrecieron pagos para modificar declaraciones.

Además de S.B.B., otra menor ratificó la versión inicial, reforzando la hipótesis de un plan estructurado con la participación directa de los procesados.

El abogado afirmó que estos testigos menores habrían recibido presiones económicas para ocultar detalles relevantes sobre la implicación de Katherine Sotelo y Camilo Sotelo.

“Ella manifestó que no solamente querían llevar a Juan Felipe bajo engaño, sino que, cuando ya se ejecutó esta situación, le ofrecieron dineros para que ella cambiara sus versiones y ocultara datos relevantes, como la participación de Katherine Sotelo y Camilo Sotelo, que al parecer tenían un expendio de drogas. Que esta menor inclusive había sido víctima de vejámenes sexuales por parte de uno de los implicados”, comentó el abogado.

Cómo se construyó el plan para inculpar a Juan Felipe Rincón

De acuerdo con el abogado, los implicados intentaron justificar sus acciones propagando versiones infundadas, tildando a Rincón de delitos graves que nunca fueron demostrados.

La estrategia, según Criollo, consistió en crear una narrativa para justificar los golpes, montar un engaño y usar a menores para ejecutar el plan, con el objetivo de atraer a Juan Felipe Rincón al lugar de los hechos.

Una vez sucedido el crimen, los acusados buscaron apropiarse de los bienes de la víctima y entorpecieron la recolección de evidencia, desviando así la atención de la investigación.

Criollo indica que, con la incorporación de nuevos testimonios y pruebas, se puso en evidencia la naturaleza planificada del crimen y se corrigió el curso judicial.

Señaló que incluso se llegó a abrir una investigación formal contra Juan Felipe Rincón, a pesar de su fallecimiento, lo que consideró un hecho sin precedentes y contrario a la lógica procesal.

Entretanto, el abogado sostiene que la labor inicial de las autoridades presentó fallas graves. Al principio, la Fiscalía solo examinó el hecho del disparo sin investigar las motivaciones ni el contexto previo al crimen.

Criollo lamentó que la narrativa creada por los procesados lograra desviar la atención de la opinión pública y de las autoridades, logrando que por un periodo la víctima fuese considerada responsable. “El distractor cumplió su propósito”, aseguró, al recalcar cómo el enfoque de la investigación se centró equivocadamente en la víctima.