Este es el camino de los escándalos por dineros de narcotráfico en la campaña de Petro que vuelve a sacudir al país político

Lejos de disiparse, las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro volvieron a ocupar el centro del debate público. Un informe de The New York Times señaló que dos fiscales federales en Estados Unidos estarían investigando posibles vínculos del mandatario colombiano con redes del narcotráfico, un señalamiento que revive cuestionamientos que acompañaron su trayectoria política.

Aunque el medio estadounidense no detalló nombres ni pruebas concretas, el contexto en el que surge la información no es menor. Desde antes de su elección, el propio Petro advirtió sobre riesgos de infiltración ilegal en su campaña. A través de su cuenta en X, habló de “un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico”, una alerta que repitió en plazas públicas y que ha sostenido durante su mandato.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, distintas polémicas fueron alimentando el debate. Varias denuncias sobre una posible financiación irregular aparecieron, especialmente durante el primer año de Gobierno. Aunque algunas investigaciones no avanzaron o perdieron visibilidad, el tema nunca desapareció del todo.

Uno de los episodios más comentados fue el llamado “pacto de La Picota”. En abril de 2022, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, se conocieron visitas de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, a la cárcel La Picota en Bogotá. En esos encuentros, según reveló un informe periodístico, también participó Danilo Rueda, que más tarde sería designado como comisionado de Paz.

Las reuniones incluyeron a figuras como Álvaro García Romero e Iván Moreno Rojas, ambos condenados por distintos delitos. Las denuncias apuntaban a que allí se habrían explorado posibles beneficios judiciales a cambio de apoyo político. Petro negó irregularidades y defendió los encuentros como parte de una propuesta de perdón social. Aunque la Fiscalía abrió una indagación, el caso no avanzó hacia una investigación formal.

Meses después, otro frente se abrió con mayor fuerza. El 3 de marzo de 2023, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, quedó en el centro de un escándalo tras ser señalado por su expareja, Daysuris Vásquez. Según su testimonio, habría recibido dinero de origen cuestionado para la campaña presidencial.

Entre los nombres mencionados figuraban Santander Lopesierra, vinculado en el pasado al narcotráfico, y personas cercanas al contratista Alfonso Hilsaca. Inicialmente, Nicolás Petro negó las acusaciones. No obstante, tras su captura y un allanamiento, reconoció ante la Fiscalía haber recibido dinero en efectivo y haberse apropiado de una parte.

El presidente reaccionó marcando distancia con una frase que generó controversia: “Yo no lo crié”. Pero el caso dio un nuevo giro semanas después. Tras una visita familiar, Nicolás Petro se retractó y aseguró que había sido presionado por las autoridades para declarar en contra de su padre. A día de hoy, enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, mientras la justicia intenta establecer el destino de esos recursos.

Casi en paralelo, otra polémica sacudió al Gobierno. En junio de 2023 se filtraron audios de conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. En esas grabaciones, el entonces embajador y exjefe de campaña lanzó una advertencia que rápidamente se volvió viral: “Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.

En los audios, Benedetti afirmaba haber conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial y hacía comparaciones con el proceso 8.000, uno de los mayores escándalos políticos del país. Sus declaraciones no solo generaron impacto mediático, sino que también derivaron en movimientos judiciales. La Fiscalía lo llamó como testigo en el caso de Nicolás Petro, trasladando el tema al terreno legal.

El panorama se completó con nuevas revelaciones meses después. En agosto de 2023, una investigación periodística señaló que Juan Carlos López Macías, un narcotraficante extraditado y condenado, habría participado en actividades de campaña en Yopal, Casanare. Según el informe, estuvo presente en el cierre de campaña previo a la primera vuelta presidencial.

A esto se sumaron audios atribuidos a Sandra Navarro, su esposa, en los que se hablaba de apoyo logístico, entrega de dinero y facilitación de recursos para actividades políticas en la región. El Gobierno, por su parte, negó cualquier relación y aseguró que los aportes oficiales se manejaron a través de los canales establecidos. Hoy, con el nuevo capítulo que abre la prensa internacional, el tema vuelve a cobrar fuerza. Aunque aún no hay conclusiones claras ni decisiones judiciales definitivas, la suma de episodios mantiene viva una discusión que mezcla política, justicia y transparencia.