La controversial decisión comunicada desde las disidencias de las Farc de impedir el ingreso de organismos humanitarios a territorios bajo el control “político y militar” del Estado Mayor Central (EMC), por “graves violaciones a la confianza y a la neutralidad”, generó una respuesta inmediata por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Defensoría del Pueblo y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El 18 de marzo de 2026, desde el EMC, bajo el mando de “Iván Mordisco”, emitieron un comunicado en el que anunciaron desde esa fecha la restricción para el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) y la Defensoría del Pueblo no tendrían acceso a los territorios donde opera la disidencia. Únicamente otorgaron acceso a misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo estrictas condiciones.
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De manera paralela, los tres organismos concluyeron que la determinación subversiva se traduce en graves peligros para la población civil de estos territorios.
Esta medida, de acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, “vulnera el Derecho Internacional Humanitario” y atenta directamente contra las poblaciones al restringir el acompañamiento y monitoreo necesarios para la protección de los civiles que “ya están expuestos a violaciones de derechos Humanos”, agregó Marín en un comunicado oficial.
En diálogo con Caracol Radio, Marín afirmó que la imposición del grupo armado permitirá que las comunidades queden excluidas de “ayudas humanitarias, liberación de secuestrados o atención a heridos” en casos de operativos.
Además, la defensora negó las acusaciones del EMC que en su carta señalaron que en la Defensoría se emiten alertas tempranas “manipuladas”, y sostuvo que el trabajo de la institución es “imparcial, independiente y autónomo”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en sus redes sociales el respaldo del Gobierno nacional a las labores de la Defensoría, la ONU y la OEA.
En un mensaje que publicó en su cuenta de X el 19 de marzo, Benedetti aseguró que el Ejecutivo no cederá a las pretensiones guerrilleras y “dará las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones”. También convocó a una reunión extraordinaria para abordar la situación con representantes de los organismos afectados y el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.
En el encuentro, reiteraron el llamado a los grupos armados ilegales para facilitar el tránsito de las instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Lo que dijeron desde la ONU y la OEA
Voceros de la Mapp/OEA también concluyeron con que las restricciones “afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”.
Afirmaron que tras 22 años no han filtrado información “para favorecer acciones militares, a través de su labor”, y que su mandato humanitario no había contado con bloqueos “gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales”.
Sin embargo, también harán caso omiso al anuncio de las disidencias y “continuarán haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.
Portavoces de la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia también rechazaron el mensaje de los disidentes y expresaron preocupación. A través de un comunicado, exhortaron a los grupos armados a respetar sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario.
“Las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil”, se leyó en el mensaje.
El proceso de diálogo entre el Gobierno y el EMC se rompió tras una serie de ataques contra la población civil, incluido el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule Paví en marzo de 2024. El territorio de Guaviare, junto con Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sigue siendo escenario de confrontaciones entre facciones disidentes y de disputas por el control de economías ilegales.
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