
El Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc liderada por “Iván Mordisco”, anunció una medida que incrementa la tensión con la comunidad internacional y el Estado colombiano: la restricción de acceso a organismos humanitarios y de verificación internacional en los territorios bajo su influencia.
A través de una misiva publicada en redes sociales, voceros del grupo armado comunicaron que la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a las zonas donde el grupo guerrillero “desarrolla su actuar político y militar”.
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En su comunicado, el Estado Mayor Central sostuvo que la restricción está vigente “a partir de la fecha”, y que la medida obedece a “graves violaciones de confianza y neutralidad”.
“Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra (sic)”, afirmaron los portavoces del grupo armado.
De hecho, puntualizaron que las alertas tempranas que suelen emitir con frecuencia los voceros de la Defensoría del Pueblo han sido “manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las Farc-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”.
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Los delincuentes señalaron y atribuyeron episodios de presuntas violaciones al derecho internacional humanitario a las organizaciones nombradas.
“Siempre hemos señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a crímenes de estado o la violación al derecho internacional humanitario como en los casos de la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, y los tres civiles asesinados a manos de la fuerza pública en el corregimiento de El Plateado Argelia en el mes de enero, o los bombardeos contra civiles y menores de edad en el departamento del Guaviare, además de la estigmatización creciente contra las legítimas formas de resistencia del pueblo colombiano”, se leyó en el documento.
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Además, reiteraron una presunta “filtración de información sensible desde misiones humanitarias” que estaría arriesgando no solo las fuerzas de las disidencias, sino a las comunidades, como se lee en la carta. Indicaron que el presunto espionaje se ha presentado en numerosas oportunidades.
La Cruz Roja puede entrar, pero con condiciones
En ese sentido, los integrantes del grupo de “Iván Mordisco” anunciaron que solo están dispuestos a “mantener” misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), pero con la condición de que la organización garantice “la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.
De acuerdo con el comunicado, la restricción tiene efectos directos sobre las poblaciones que habitan las zonas bajo influencia del grupo armado. La exclusión de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo limita la capacidad de monitoreo independiente y la presencia de mecanismos de protección y verificación de derechos humanos en contextos de conflicto armado.
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El comunicado salió a la luz en medio de un incremento de operaciones militares y policiales en contra de este grupo armado y sus redes de apoyo que les permiten un contundente crecimiento financiero, incluso, en entornos urbanos como Bogotá y Medellín.
De manera paralela, uno de los operativos más contundentes en contra de las estructuras del Frente 36 ocurrió en Medellín, Antioquia, y fue confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez, que informó que tras seis meses de investigación, una red criminal vinculada al mencionado Frente 36 fue desarticulada luego de que “operaba desde el Valle de Aburrá, utilizando inmuebles para logística, almacenamiento de armamento y coordinación de acciones terroristas”.
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