Un hombre de 70 años, identificado como Héctor Montoya, lleva 45 días hospitalizado en el Hospital San Rafael de Itagüí (Antioquia), sin acceso a la atención especializada que requiere tras haber sido diagnosticado con un aneurisma en su pierna derecha.
Pese a que un fallo judicial ordenó su remisión urgente a una clínica con especialista cardiovascular, la Nueva EPS no ha ejecutado el traslado, lo que ha extendido su permanencia en una camilla y agudizado la incertidumbre de su familia, según denunció Paula Andrea Rua, familiar del ciudadano, al medio local El Colombiano.
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El proceso judicial incluyó la intervención del Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí, que el 20 de febrero dictó una sentencia reconociendo el derecho fundamental a la salud de Montoya y ordenando a la gerencia regional noroccidental de la Nueva EPS autorizar, en un plazo máximo de 48 horas, su remisión a una clínica con cirugía vascular.
La orden indicó lo siguiente: “Exhortar a la Nueva EPS para que se abstengan de negar o dilatar injustificadamente la autorización de los servicios que requiera Héctor de Jesús Montoya y que hayan sido debidamente ordenados por el médico tratante, garantizando siempre la continuidad de su tratamiento”. Sin embargo, la decisión judicial no fue cumplida en el plazo señalado y, a corte del 18 de marzo de 2026, la remisión no se había llevado a cabo.
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Alerta por la cantidad de tutelas y desacatos contra la Nueva EPS
Según la Personería de Medellín, entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026 se interpusieron 1.170 acciones de tutela por presunta vulneración del derecho a la salud, de ese total 390 se dirigieron específicamente contra la Nueva EPS. Además, este organismo identificó 133 incidentes por desacato relacionados con esta EPS en el mismo periodo.
“Preocupa que tantos casos se encuentren en fase de incidente de desacato, lo que indica dificultades en el cumplimiento oportuno de fallos judiciales y decisiones constitucionales previamente emitidas”, señalaron las autoridades, asegurando que el panorama se agrava por la cantidad de casos en los que, tras sentencias favorables, las órdenes no se ejecutan en los tiempos prescritos.
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En el caso concreto de Montoya, la demora inició a finales de enero, cuando presentó debilidad en uno de sus pies. Su historial de cirugía aórtica alertó a la familia sobre el riesgo, por lo que ante las demoras del sistema, pagaron una consulta particular y exámenes que confirmaron la presencia de un aneurisma y bloqueos arteriales, que ponían en riesgo ambos miembros inferiores, de acuerdo con el informe médico del 29 de enero.
Pese a que el Hospital San Rafael de Itagüí aceptó recibirlo y le asignó atención básica, la falta de especialidad en cirugía cardiovascular hace indispensable su traslado. La familia acudió sin éxito a la Superintendencia de Salud y, posteriormente, lo intentaron por vías legales. Incluso, el 6 de marzo acudieron de nuevo a los juzgados solicitando la apertura de un incidente por desacato, pero ninguno de estos recursos ha acelerado la remisión a un centro médico especializado.
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Según los testimonios recogidos por El Colombiano, la familia no ha recibido ni llamadas ni informes de la Nueva EPS sobre el estado de su solicitud. El hospital, por su parte, ha reiterado de forma oficial la petición de traslado, también sin obtener respuesta.
La negativa a ejecutar las órdenes médicas agrava situaciones clínicas como la de Montoya, cuyo pronóstico depende de atención quirúrgica especializada.
Entre las circunstancias que caracterizan su caso destaca el hecho de que ni siquiera una tutela fallada a su favor, ni una solicitud por desacato al juzgado han logrado acelerar el proceso.
Este caso se dio a conocer en un momento en el que no solo la remisión oportuna de pacientes con diagnósticos graves se ha convertido en un problema, sino que la entrega regular de medicamentos también enfrenta retrasos afectando a cientos de afiliados.
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