El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, que negó una tutela en su contra y determinó que sus denuncias sobre presuntos riesgos electorales tienen “sustento fáctico”.
Por este motivo, el mandatario colombiano afirmó en su cuenta oficial de X que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, deben retractarse.
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Según Gustavo Petro, tanto el registrador Penagos como el procurador Eljach lo irrespetaron por “decir la verdad”. “El señor registrador y procurador deben retractarse, irrespetaron al presidente de la república por decir la verdad”, expresó.
El jefe de Estado insistió de un supuesto fraude electoral en Colombia que proviene desde el 2014.
“El fraude electoral está demostrado desde el año 2014 y se mantiene el.mismo fraude y la misma empresa desde ese entonces cuando la orden por sentencia judicial era cambiarlo”, indicó.
Detalles del fallo
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro desestimó una tutela que buscaba obligar al presidente Gustavo Petro a retractarse o detener sus declaraciones sobre eventuales riesgos en las elecciones de 2026. La noticia fue difundida por Alejandro Carranza, abogado del mandatario, quien compartió los puntos centrales de la decisión judicial a través de su cuenta en X.
La sentencia respondió a una tutela presentada por José Guillermo Castro Mora contra el presidente Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El accionante alegaba que el presidente había hecho señalamientos sobre posible fraude electoral sin contar con respaldo técnico verificable. Al examinar el caso, el juzgado revisó distintas intervenciones públicas del presidente, incluidas sus publicaciones en redes sociales.
El análisis judicial determinó que varias de las afirmaciones del mandatario tienen un fundamento real y criterios de razonabilidad. Como parte de sus consideraciones, el despacho resaltó que existe una “base mínima de sustentación” para las advertencias presidenciales, apoyándose en antecedentes registrados en decisiones judiciales anteriores.
En particular, la sentencia citó un fallo del Consejo de Estado de 2018 que detectó irregularidades en el proceso electoral de 2014, señalando nulidades parciales en la elección de senadores para el periodo 2014-2018. Entre los problemas identificados en aquel proceso figuraban deficiencias en el sistema de escrutinios y dificultades para garantizar la trazabilidad del software utilizado.
El juzgado observó que, si bien el término “fraude” tiene connotaciones políticas, no puede considerarse completamente infundado cuando existen hechos previos evaluados por la justicia. De este modo, concluyó que las declaraciones del presidente no carecen de anclaje objetivo ni están desprovistas de justificación.
Detalles del caso
El presidente Gustavo Petro respondió a la petición de la Procuraduría que busca impedirle hablar sobre posibles fraudes electorales sin pruebas. La solicitud fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Gustavo Petro defendió su derecho a la libre expresión mediante publicaciones en su cuenta de X, donde rechazó lo que consideró actos de censura.
El mandatario expresó su desacuerdo con la petición del Ministerio Público y reafirmó su interés en examinar técnicamente el sistema de conteo y transmisión de votos. A través de uno de sus mensajes, criticó intentos pasados de censura y enfatizó que Colombia sigue bajo un régimen democrático.
En la misma comunicación, Petro pidió al registrador nacional del Estado Civil acceso al código fuente del software utilizado en el proceso electoral. Argumentó que una auditoría independiente, realizada por expertos, permitiría garantizar la transparencia en los resultados y respondería tanto al pueblo colombiano como a la comunidad internacional.
Según el presidente, solo mediante una revisión técnica independiente se puede asegurar la confianza en el sistema electoral del país.
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