Las tierras del crimen: las disputas que siguen por predios que fueron claves en el auge paramilitar

Más de 3.000 hectáreas, antes en manos de delincuentes como ‘Don Berna’ y “Cuco” Vanoy, están en disputas judiciales entre el Estado, víctimas y supuestos compradores legales

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La mayoría de disputas son
La mayoría de disputas son en predios que sirvieron para impulsar a las AUC - crédito Colprensa

A pesar de que han pasado décadas desde que se registró la caída del imperio del cartel de Medellín y las células criminales que nacieron tras la muerte de Pablo Escobar, principalmente las estructuras narcoparamilitares que se ubicaron en Antioquia, siguen las dudas sobre qué pasó con los predios de los principales capos de la época.

Al respecto, El Espectador publicó un informe en el que mencionó ocho expedientes relacionados con disputas por fincas y otro tipo de predios en Antioquia, Córdoba y Boyacá que deberían ser entregados a víctimas del conflicto interno.

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Entre las figuras del crimen organizado que son mencionadas está Diego Fernando Murillo “Don Berna”, Ramiro “Cuco” Vanoy, Luis Hernando Gómez Bustamante “Rasguño” y Henry de Jesús Pérez, además de un antiguo socio de Pablo Escobar.

Además de mencionar la importancia de los sujetos que ayudaron a consolidar a las AUC en la región, se destaca que los predios superarían el área de más de 3.000 canchas de fútbol y están en poder del Fondo de Reparación de Víctimas.

Uno de los predios mencionados
Uno de los predios mencionados habría sido el escenario de reuniones entre Mancuso y "Don Berna" - crédito AFP

Entre las historias más destacadas está la de los predios de La Molinera y Las Margaritas, en el municipio de Turbo, que sería de “Cuco” Vanoy, pero en la tradición de los predios se menciona a Ramiro Arturo Correa Arroyave, que es señalado en informes oficiales como socio de Pablo Escobar.

Debido a las transacciones que se hicieron en torno a los predios, se especula con que estas compras serían parte de una estrategia para que actores del conflicto se queden con los terrenos.

En otro de los casos se menciona que en el municipio de Tierralta, Córdoba, hay una propiedad de más de 900 hectáreas que fue decomisada en 2009, y que ha sido vinculada con “Don Berna”, que fue el líder de La Oficina de Envigado.

Exparamilitares han narrado cómo eran las reuniones entre “Don Berna” y Salvatore Mancuso en la propiedad que actualmente está a nombre de la sociedad Agromedellín S.A.S., en una transacción que habría superado los 700 millones de pesos.

A pesar de que el Tribunal Superior de Medellín ordenó que la propiedad no sea devuelta a la sociedad mencionada, el proceso está siendo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, que será la que tome la decisión final.

Varios cabecillas de las AUC
Varios cabecillas de las AUC fueron mencionados en el informe - crédito EFE

Entre las propiedades mencionadas también figura la finca Villa Inés, ubicada en Puerto Boyacá, que fue de Henry de Jesús Pérez, fundador del bloque de las AUC en la región y que tuvo hasta a 7.000 hombres siguiendo sus órdenes.

Este lugar está siendo disputado por la esposa de Pérez, que argumenta que la adquirió con sus recursos de manera legal y asegura que allí no se registró ningún tipo de crimen.

La decisión del tribunal que tomó el caso ha sido mantener la finca en poder del Estado, argumentando que la pareja del ex jefe paramilitar no tiene pruebas para confirmar que la propiedad fue comprada con dinero legal

Un gran porcentaje de los
Un gran porcentaje de los firmantes volvieron a integrar un grupo paramilitar en el futuro - crédito Indepaz

Por último, se destaca lo registrado en Puerto Hongo, finca ubicada en Montería que fue relacionada con “El Alemán” y “Don Mario”, figuras destacadas del auge del narcotráfico y el paramilitarismo en la región.

La propiedad fue decomisada en 2021 y actualmente está siendo reclamada por la sociedad Inversiones Vega Lacharme, que es de un reconocido ganadero de la zona y asegura que compró el inmueble de manera legal.

Hasta el momento, el tribunal ha mantenido su decisión de no devolver la finca e indicó que el demandante no realizó verificaciones sobre los antecedentes del predio y las personas involucradas en hechos claves dentro del conflicto interno del país.