Hocol rechazó acusaciones de nuevas amenazas a Luis Enrique Rojas, testigo crucial en el caso de Ricardo Roa: “Señalamientos infundados”

La empresa Hocol S.A., filial de Ecopetrol, rechazó de manera categórica los señalamientos hechos por su expresidente Luis Enrique Rojas Cuéllar, que denunció amenazas y seguimientos en su contra. Agregó que los referidos hechos ya fueron informados a las autoridades entre 2024 y 2025, por lo que advirtió que las recientes versiones, replicadas por la fiscal General Luz Adriana Camargo, carecerían de fundamento.

La compañía, que se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas natural, anunció que interpuso denuncias penales y diligenció protocolos legales y de riesgo reputacional, tras considerar que las acusaciones formuladas por Rojas Cuéllar afectan a la organización y a su historial de siete décadas en Colombia. Un caso que ha suscitado interés en la opinión pública, pues salpica al directivo Ricardo Roa.

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En efecto, Hocol precisó que las intimidaciones denunciadas por su extitular ocurrieron hace dos años. Detalló que, desde su ingreso a la compañía el 29 de mayo de 2024, Rojas informó sobre llamadas amenazantes, las cuales relacionó con modificaciones implementadas en el equipo directivo; mientras que en agosto de ese año, la compañía notificó el hecho a las autoridades.

Tras una denuncia de diciembre de 2024 sobre un presunto comandante paramilitar, el Gaula de la Policía determinó que se trató de un intento de extorsión desde una cárcel. “El hecho denunciado no era actual, ya que desde su vinculación a la compañía en mayo de 2024, el señor Rojas manifestó haber recibido amenazas a través de llamadas. Estos episodios se reportaron oportunamente a las autoridades”, informó Hocol.

A su vez, la empresa explicó que durante diciembre de 2024, Rojas reportó presunto atentado; sin embargo, la policía concluyó que solo se trató de un intento de hurto contra su vehículo. Pese a que no identificaron riesgos para su vida, se reforzó su esquema de seguridad y se solicitó protección adicional a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual que fue denegada por no existir mérito suficiente para tal fin.

Por su parte, el 30 de abril de 2025, tras la salida de Rojas de la empresa, Hocol extendió por tres meses el apoyo con escoltas, y en julio notificó los hechos a la Fiscalía General de la Nación y la propia UNP para darle trámite a este asunto.

Hocol alegó que episodios fueron distorsionados

En su pronunciamiento, Hocal enfatizó que frente a la “reiteración de señalamientos infundados”, decidió presentar las denuncias penales correspondientes y activar análisis de riesgo legal, reputacional y operativo en defensa institucional. “Las acciones anteriormente mencionadas demuestran el absoluto compromiso de Hocol S.A. para la protección de la integridad y la vida del señor Rojas”, señaló la compañía.

La empresa incluyó precisiones sobre un hecho reportado por el exdirectivo en mayo de 2025, según el cual no se le permitió ingresar armado a las oficinas. Según la versión atribuida a Hocol, la prohibición obedeció al cumplimiento de los protocolos internos de seguridad y la decisión se aplicó porque Rojas ya no tenía vínculo laboral, lo cual, reiteró la empresa, no constituye un acto intimidatorio ni irregularidad.

El pronunciamiento surge en medio de investigaciones judiciales por supuestos actos de corrupción, contratos irregulares y sobornos millonarios en la filial de Ecopetrol, proceso en el cual Rojas es considerado testigo clave. De acuerdo con la Fiscalía General, el directivo ha sido objeto de amenazas, lo que llevó a activar protocolos de protección extra y a notificar a los mecanismos de riesgo de testigos.

El caso se desarrolla a la par de la imputación de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, al que se le investiga por presunto tráfico de influencias y adjudicación de proyectos presuntamente irregulares. Rojas, es válido precisar, aportó información a la Fiscalía General de la Nación y a autoridades estadounidenses sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y tráfico de influencias por parte del cuestionado directivo.

Su testimonio resultaría clave en la indagación relacionada con la compra de un apartamento de lujo por parte de Roa y en las presuntas presiones para favorecer a la empresa Gaxi ESP S.A.S en proyectos de regasificación. Frente a esto, el 17 de marzo, la fiscal General Camargo informó que el expresidente de Hocol recibió amenazas de muerte, lo que motivó la implementación de medidas especiales de protección.

En respuesta, la compañía calificó las recientes publicaciones sobre amenazas a Rojas como información “no verificada ni contrastada”, e hizo un llamado a la responsabilidad informativa. “La divulgación de este tipo de información impacta negativamente a Hocol S.A., a sus colaboradores(as), que por 70 años han actuado con responsabilidad, compromiso e integridad, generando desarrollo y bienestar”, concluyó.