Salvatore Mancuso aseguró que funcionarios de la multinacional Drummond le dieron listado a los paramilitares para asesinar sindicalistas en Colombia

Nuevos testimonios reservados ante la Fiscalía comprometen a exdirectivos de la multinacional minera Drummond con la presunta entrega de listas para el asesinato de sindicalistas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2001.

Según las declaraciones de Salvatore Mancuso y de otros testigos, obtenidas por Caracol Radio, se detalla cómo la información facilitada por personal de la compañía habría permitido ejecutar los crímenes, mientras la empresa rechaza de plano cualquier vínculo con estos hechos.

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Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, y el exjefe de seguridad de ISA, Jairo de Jesús Charris, declararon ante la Fiscalía que un exjefe de seguridad de Drummond habría entregado directamente a los paramilitares una lista de sindicalistas que debían ser asesinados entre febrero y octubre de 2001.

Ambos testigos apuntan a la implicación de varios altos directivos en la planificación de estos crímenes, así como en la financiación de las AUC.

De acuerdo con las declaraciones presentadas a la Fiscalía, Salvatore Mancuso relató que el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, entonces jefe de servicios de seguridad de Drummond, proporcionó un listado con los nombres de los sindicalistas a la estructura de Juan Andrés Álvarez de las AUC.

“Esta información la entregó el coronel Rodríguez y con base en ella se ejecuta la operación en la cual se asesina a estas personas que estaban en la lista”, aseguró Mancuso ante la Fiscalía, según información obtenida por Caracol Radio.

Charris confirmó ante la Fiscalía que Rodríguez fue quien pasó la lista con los nombres de los sindicalistas destinados para ser asesinados, actuando bajo instrucción directa de James Lee Atkins, jefe nacional de seguridad de Drummond, y con conocimiento de Alfredo Araújo Castro, actual vicepresidente de relaciones con la comunidad de la empresa.

Jairo de Jesús Charris aseguró que la decisión de eliminar al sindicato involucró a altos mandos de la minera: “Los que estaban de acuerdo con esos homicidios fueron los que ya relacioné: Augusto Jiménez —entonces presidente de Drummond en Colombia—, el coronel Rodríguez, Alfredo Araújo, el señor Jorge Garzón... Que al sindicato tenían que asesinarlo porque eran guerrilleros y ellos no podían tener un sindicato guerrillero, que esa era la orden de Gary Drummond”.

Entre los nombres mencionados por los testigos, también figuran Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Édgar Ospino (‘Tolemaida’), señalados como nexos entre la empresa y las AUC. Según el testimonio recogido por Caracol Radio, el plan era eliminar completamente al sindicato, considerado enemigo por presunta colaboración con la guerrilla y por sus exigencias laborales.

Charris afirmó que, tras conocer los detalles del plan, recibió amenazas contra su vida, supuestamente ordenadas por Atkins y Araújo junto a miembros de las AUC para mantener en secreto estos hechos.

Así fueron los acuerdos entre Drummond y las Autodefensas según los testimonios

Salvatore Mancuso afirmó en la Fiscalía que autorizó reuniones entre su delegado Rodrigo Tovar (‘Jorge 40’) y representantes de Drummond con el objetivo de pactar servicios de seguridad y eliminar “enemigos” de la empresa.

“La Drummond tenía un representante que envió a hablar con las Autodefensas, que era un señor norteamericano llamado James Atkins con Rodrigo Tovar ‘Jorge 40’, para ese momento me comenta la situación y le dije que tuviera mucho cuidado porque esta persona hacía parte de la CIA y que lo atendiera en un lugar donde tuviera la seguridad necesaria”, relató Mancuso ante la Fiscalía, según difundió el medio ya citado.

Las versiones han sido respaldadas por Trino Luna, exgobernador del Magdalena, quien ante la JEP afirmó haber tenido conocimiento de acuerdos ilegales entre Drummond y las AUC para la protección de la línea férrea entre la mina en La Loma y el puerto de Santa Marta.

Luna mencionó una reunión en 2003 en la finca de Jaime Blanco Maya, colaborador de las AUC y entonces responsable del contrato de alimentación en la minera.

“En esa finca, a cambio de seguridad de las AUC, la Drummond pagaba. Todo el tiempo supe que había estos vínculos. Tolemaida era el enlace entre las AUC y la Drummond”, puntualizó el exgobernador, en declaraciones recogidas por el medio.

Según estos testimonios, los paramilitares ofrecían servicios de protección a la empresa, y —según Luna— nunca hubo ataques contra la compañía durante estos supuestos arreglos.

A 25 años de los crímenes, el caso judicial contra presuntos responsables dentro y fuera de Drummond permanece sin resolución.

La investigación ha pasado por seis fiscales diferentes, pero no se han tomado decisiones finales sobre los directivos investigados; en diciembre pasado se produjo otro cambio de fiscal.

Por los homicidios han recibido condena Jaime Blanco Maya y varios exparamilitares como Jairo Charris, Óscar José Ospino (‘Tolemaida’) y Alcides Mattos (‘Samario’).

También existe un proceso judicial aparte contra José Miguel Linares, presidente de la empresa, y Augusto Jiménez, expresidente, por presunta financiación de las AUC. Este proceso está detenido por recusaciones y recursos de la defensa ante tribunales de Bogotá y Valledupar.

El magistrado Jorge Armando Fletscher, responsable de decidir sobre estos recursos legales, ha mantenido el expediente desde el 9 de mayo de 2025 sin pronunciarse, en medio de demoras judiciales y continuas recusaciones.

En respuesta a las nuevas declaraciones, Drummond rechazó rotundamente las acusaciones, calificándolas como falsas y atribuyéndolas a testigos que, según la empresa, han sido desacreditados en procesos de Estados Unidos. La compañía sostuvo que ninguno de sus ejecutivos patrocinó ni favoreció a grupos paramilitares, y cuestionó la credibilidad de los testigos, señalando que algunos habrían recibido pagos del abogado de víctimas Terrence Collingsworth.

El estancamiento del caso se agrava con la muerte de varios de los principales testigos condenados en hechos previos.

La falta de resolución, la desaparición de testigos clave y las dificultades procesales perpetúan el suspenso sobre la posibilidad de que la justicia colombiana esclarezca la cadena de responsabilidades detrás de los asesinatos de sindicalistas y los presuntos vínculos entre Drummond y las AUC.