Paloma Valencia demandará decreto de Gustavo Petro que obliga a empresas a cumplir acuerdos sindicales: “No pueden violar la libertad de los trabajadores”

La candidata presidencial Paloma Valencia informó que presentará una demanda contra el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que transforma el alcance de los sindicatos en Colombia, al imponer convenciones sectoriales obligatorias y una nueva cuota sindical a todos los trabajadores, estén o no afiliados.

Para Valencia, las medidas impulsadas por el Ejecutivo amenazan la autonomía de las empresas y constituyen una maniobra electoral, según lo expuso la senadora.

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“Esto es un ataque fulminante a las empresas. Esta es una clara estrategia para incidir en las elecciones. ¿Están comprando el apoyo de los sindicatos a la campaña de Cepeda? Demandaré este Decreto. No pueden violar la libertad de los trabajadores ni desconocer la autonomía de las empresas”, dijo Valencia por medio de una publicación hecha en su cuenta de X.

Entre los aspectos centrales señalados por Valencia, figura la obligación para todas las empresas de cumplir lo pactado en negociaciones por grupos de empresas o sectores económicos.

Según la candidata presidencial, esto implica que las condiciones acordadas entre sindicatos y empresas dentro de un sector serán “obligatorias para todas las empresas del respectivo sector, sin importar si están de acuerdo o no”, agregó.

Para la aspirante presidencial, esta regla pone en riesgo la viabilidad de empresas diversas y desconoce sus particularidades financieras.

El nuevo decreto del Gobierno establece que las empresas deberán abrir su información financiera y empresarial a los sindicatos. Paloma Valencia denunció que “los sindicatos van a tener acceso a toda la información financiera de la compañía y a los secretos empresariales”.

A su juicio, la apertura de estos datos representa un peligro para la confidencialidad, ya que “los sindicatos podrán tomar esa información y usarla como quieran. Inclusive, venderla a la competencia”.

Además, Valencia afirmó que será “muy difícil probar que se violó la confidencialidad. Esto se convertirá en un mecanismo de extorsión permanente a las empresas”.

“Las empresas estarán obligadas a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, sin importar si eso llega a afectar sus secretos empresariales y datos sensibles”, agregó.

En este contexto, la dirigente aseguró que la imposición de cuotas sindicales afectará a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical: “El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos, violando la libertad de los trabajadores que no quieran participar en esas prácticas”.

En una de sus declaraciones más contundentes, Valencia advirtió: “El decreto crea las negociaciones sindicales por sectores o grupo de empresas. Las condiciones que se acuerden allí serán obligatorias para todas las empresas del respectivo sector, sin importar si están de acuerdo o no”. La candidata subrayó que, según su análisis, esta obligatoriedad conduce a la quiebra inminente de numerosas compañías.

“Sin importar si una empresa está pasando por un mal momento, se encuentra en insolvencia o está luchando por evitar la quiebra, igual deberá cumplir lo pactado por su respectivo sector”, añadió Valencia.

Según Paloma Valencia, el decreto vulnera principios básicos de la autonomía empresarial, que la legislación colombiana consagra como garantía para el funcionamiento de la iniciativa privada. Por este motivo, indicó que la demanda se centrará en la defensa de esa autonomía y la libertad de los trabajadores.

“En las negociaciones no habrá límites. Los sindicatos podrán exigir negociar todos los temas laborales de las empresas. Todas las negociaciones en las empresas quedarán amarradas al pacto que realicen los sindicatos de los sectores. Esto deja las manos atadas a las empresas. Prácticamente le da rango de ley a las convenciones sindicales”, dice otro de los apartes de la publicación.

La candidata también vinculó la expedición de la norma con el proceso político en curso. Cuestionó públicamente la intención del Gobierno Petro, sugiriendo que la medida constituye “una clara estrategia para incidir en las elecciones” y que podría estar dirigida a “comprar el apoyo de los sindicatos a la campaña de Cepeda”.

Valencia concluyó que desde su punto de vista, “esto es un ataque fulminante a las empresas”. En sus declaraciones, reiteró que demandará el decreto y reafirmó que “no pueden violar la libertad de los trabajadores ni desconocer la autonomía de las empresas”.