Contraloría de Bogotá abre control fiscal por presunto detrimento de $800 millones en Ciudad Bolívar: “Recogimos sus alertas”

La Contraloría de Bogotá decidió abrir una investigación de control fiscal tras identificar posibles irregularidades en la ejecución de recursos destinados a la construcción del salón comunal Las Ojuntas, ubicado en Juan Pablo II, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El monto involucrado supera los $800 millones, lo que encendió las alarmas sobre un presunto detrimento patrimonial en este proyecto, de acuerdo con la declaración del contralor local Juan Camilo Zuluaga.

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El funcionario explicó que, con la estrategia “Del escritorio al territorio”, la Contraloría de Bogotá intensificó su presencia en diversas localidades para evaluar de manera directa las preocupaciones ciudadanas sobre el manejo de los recursos públicos.

Este enfoque llevó al organismo a identificar lo que parece ser un mal manejo de fondos en el salón comunal Las Ojuntas. Durante una visita a Ciudad Bolívar, Zuluaga se refirió a la situación como “una de las alertas más graves que hemos encontrado, ya que este proyecto no solo involucra una importante suma de dinero, sino que también refleja un claro incumplimiento en el avance de la obra y en el uso adecuado de los recursos”.

La preocupación en torno a este proyecto fue manifestada por los residentes de la zona, que participaron activamente en la jornada de control social organizada por la Contraloría.

Según el contralor, este tipo de acercamiento directo con la comunidad es esencial para comprender la magnitud de los problemas, ya que “el control fiscal no puede quedarse en los escritorios ni limitarse a informes técnicos o expedientes. Debe conectarse con la realidad de las comunidades y llegar a las localidades”.

Además, Juan Camilo Zuluaga destacó la importancia de escuchar a los ciudadanos y afirmó que los testimonios recolectados durante la jornada evidencian las falencias en la ejecución de las obras.

“Recogimos inquietudes relacionadas con la ejecución de la obra y el funcionamiento del salón comunal Las Ojuntas, razón por la cual adelantaremos otra actuación de control fiscal”, señaló el contralor.

Zuluaga añadió que era “fundamental que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, y si existen irregularidades, no dudaremos en tomar las acciones necesarias”.

El contralor también mencionó que, dentro de los proyectos que están siendo investigados, se encuentra el Colegio Distrital San Francisco, cuyo valor supera los $21.000 millones; cifra que incluye una posible adición de $2.200 millones.

Este proyecto, cuyo plazo inicial de entrega estaba fijado para 2023, presenta un considerable retraso y fue suspendido debido al incumplimiento del primer contratista. Esto llevó a la necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual para culminar la obra (que actualmente sigue en ejecución) y generó un hallazgo fiscal superior a los $1.200 millones.

Por lo que Zuluaga aclaró que, además del salón comunal, se abrirá una nueva actuación para revisar esta otra obra, cuyo primer contratista no cumplió con los plazos establecidos, lo que originó un nuevo proceso contractual.

La jornada también contó con la presencia de la contralora auxiliar, Verónica Peláez Gutiérrez, la veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán, además de otros funcionarios, que participaron activamente en la recolección de las inquietudes y alertas presentadas por los habitantes de Ciudad Bolívar.

Contraloría de Bogotá abre investigación: ¿Qué sucede cuando se inicia un proceso de control fiscal?

La Contraloría de Bogotá, encargada de vigilar la correcta utilización de los recursos públicos de la capital, tiene facultades y competencias que le permiten investigar, auditar y sancionar el uso indebido de los dineros del Distrito.

Cuando se detectan irregularidades, abre una investigación que puede tomar distintas direcciones dependiendo de los hallazgos; en primer lugar, realiza auditorías a las diferentes entidades distritales, como secretarías, alcaldías locales y empresas públicas, para garantizar que los recursos se gasten de manera adecuada y eficiente. En caso de que se encuentren anomalías, se puede proceder a un proceso de responsabilidad fiscal para que los responsables devuelvan los recursos perdidos.

Una vez que la Contraloría detecta alguna irregularidad, también puede ejercer su jurisdicción coactiva para cobrar deudas a favor del Distrito, incluidas medidas drásticas como el embargo de bienes y cuentas bancarias de los responsables.

Esta potestad le otorga un “diente legal” fuerte, permitiendo que los recursos mal gestionados sean recuperados. Además, tiene la facultad de imponer sanciones económicas a quienes no entreguen la información requerida o interfieran con las auditorías, lo que refuerza su rol de vigilancia activa sobre la administración pública.

Si la situación lo amerita, también puede solicitar la suspensión de funcionarios que estén involucrados en irregularidades graves mientras se realiza la investigación, evitando que continúen con el manejo de recursos mientras se esclarecen los hechos.