Gustavo González Ruiz, esposo de la congresista Karen Manrique Olarte, reclamó la credencial oficial de la Cámara de Representantes correspondiente a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) en el departamento de Arauca.
La diligencia se llevó a cabo la noche del sábado 14 de marzo de 2026 en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la capital de Arauca.
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El esposo de Karen Manrique presentó un poder firmado previamente por la representante electa, quien permanece privada de la libertad por decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La parlamentaria obtuvo su curul en el legislativo tras lograr 5.640 votos en las elecciones al Congreso del 8 de marzo, con lo cual obtuvo un puesto en la Citrep, jurisdicción creada tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en 2016.
Mientras se resolvía la situación de la Circunscripción de Paz, también se oficializó la elección de los representantes por la vía ordinaria: Germán Rozo Anís, del Partido Liberal, y Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático.
Sus nombres fueron incluidos en el acta de escrutinio general publicada por las autoridades electorales y recibieron sus credenciales en el mismo acto del 14 de marzo.
Manrique es una de las congresistas involucradas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Por qué es investigada Karen Manrique
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la parlamentaria araucana por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional habría intentado direccionar contratos de la entidad oficial en el municipio de Saravena (Arauca) a cambio de apoyar créditos internacionales requeridos por el Gobierno.
Su nombre apareció en intercambios de mensajes entregados a la Corte por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien actúa como colaboradora de la justicia.
Según consta en la decisión judicial, los congresistas habrían condicionado su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de la asignación de contratos desde la Ungrd que beneficiarían a municipios como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Carmen de Bolívar en Bolívar. Los proyectos investigados comprometen recursos públicos por aproximadamente $90.000 millones, destinados a obras y contratos de interventoría.
El proceso judicial se inició tras reuniones donde presuntamente se acordó que “la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” de la Ungrd en los departamentos mencionados, conforme describió la Sala Especial de Instrucción de la Corte.
Además de Karen Manrique, los otros congresistas involucrados en este caso son el senador Wadith Manzur (Partido Conservador), quien fue elegido con más de 134.000 votos el 8 de marzo y que también fue objeto de medida de aseguramiento por cohecho impropio en el mismo proceso.
Igualmente, el caso alcanza a la senadora Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), quienes seguirán vinculados judicialmente pero en libertad.
La orden de captura contra Manrique fue emitida el miércoles 11 de marzo de 2026, por lo que en la mañana del jueves 12 de marzo acudió a las instalaciones de la Sijín en Tame (Arauca), vestida con una camiseta tipo polo azul.
Antes de su captura, declaró: “Vinimos a presentarnos voluntariamente confiando en Dios y en que hemos hecho todo en el marco de la ley”. Las autoridades le leyeron sus derechos y formalizaron la detención que no había podido realizarse en su primera presentación voluntaria por ausencia de una orden vigente.
Andrés Garzón, abogado defensor de Manrique, sostuvo en diálogo con La FM que la congresista se mantiene dispuesta a atender todos los requerimientos judiciales y a respetar las determinaciones emitidas por la Corte Suprema.
“Karen Manrique afronta el proceso con tranquilidad, convencida de no haber incurrido en ninguna conducta delictiva”, afirmó Garzón, en la que también cuestionó la severidad de la medida de aseguramiento, alegando que la imputación corresponde solo a cohecho impropio y no involucra manejo de recursos públicos.
El jurista precisó que, a lo largo del juicio, esperan “evidenciar que no existió ninguna acción ilegal por parte de Manrique” y recalcó la voluntad de acatar plenamente las decisiones judiciales durante todo el proceso.
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