
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preventiva para esclarecer el presunto uso de medios públicos con fines políticos durante las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 en Colombia.
La actuación del Ministerio Público se da tras los señalamientos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) y denuncias públicas sobre la neutralidad y el equilibrio en la cobertura de campañas, elementos clave para garantizar procesos democráticos transparentes.
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El informe preliminar de la MOE UE, que contó con 145 observadores en 30 departamentos, detectó un patrón de trato desigual por parte de medios estatales como Rtvc y Señal Colombia, en contraste con la cobertura de los partidos opositores.
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Según la misión, la información oficial favoreció principalmente al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la Vida, mientras que las fuerzas políticas adversarias recibieron “tiempo limitado y, a menudo, en tono negativo”.

La Procuraduría solicitó al Consejo Nacional Electoral, al Rtvc Sistema de Medios Públicos y a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcía, información sobre la gobernanza, financiamiento y mecanismos de supervisión de los medios estatales durante la campaña. La investigación busca garantizar el cumplimiento de los principios de pluralismo, equilibrio y transparencia, sin interferir en la línea editorial.
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El informe señala que radio y televisión estatales priorizaron la cobertura de actividades del presidente Gustavo Petro, sus ministros y aliados, mientras los partidos de gobierno recibieron trato preferencial.
Además, muchos ministerios y alcaldías emplearon sus perfiles digitales para promocionar obras públicas, difundir mensajes políticos e incluso convocar a acciones colectivas, incluidas protestas, lo que excede la función informativa de estas cuentas institucionales.
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A pesar de la obligación de neutralidad, el comportamiento de los medios públicos contrastó con el de las empresas privadas, cuyas coberturas fueron más equilibradas en cuanto al tiempo asignado a cada fuerza política. En elecciones previas, como la presidencial de 2022, según Rtvc, se documentaron sesgos similares por parte de medios privados como La FM, RCN TV, RCN Radio y El Tiempo.

Durante las legislativas de 2026, aumentó la publicidad electoral pagada en medios privados, centrada en partidos como el Centro Democrático, Alianza por Colombia, la Gran Consulta y el Partido Conservador. Además, tres páginas anónimas de Facebook invirtieron 104.000 euros en propaganda negativa contra el Pacto Histórico, sin que la plataforma lograra controlar esta práctica.
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En la jornada electoral del 8 de marzo se reportaron 957 incidentes, de los cuales 632 estuvieron relacionados con presión o corrupción al elector; se detuvo a 46 personas y se incautaron 3.761 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 950.000). El Pacto Histórico obtuvo el 22,72 % de los votos al Senado, seguido por el Centro Democrático (15,62 %) y el Partido Liberal (11,71 %).
A pesar de las denuncias recientes del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades, la MOE UE calificó las elecciones como un proceso “transparente, bien organizado y preciso”, destacando el récord de participación ciudadana, la supervisión de 145 observadores internacionales y la publicación rápida de resultados preliminares por parte de la Registraduría Nacional.
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La misión resaltó que, aunque hubo incidentes de violencia en zonas rurales y comunidades de difícil acceso, el clima general fue de calma y las instituciones funcionaron de manera sólida.

Petro, sin embargo, pidió mayor transparencia en mesas impugnadas y solicitó la apertura de urnas en departamentos clave donde detectó diferencias entre el preconteo y los resultados definitivos. Insistió en que abogados de escrutinio acompañen cada proceso, especialmente en regiones con discrepancias, para garantizar confianza y claridad en el escrutinio.
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La MOE UE continuará en Colombia durante las elecciones presidenciales del 2026 para elaborar un informe final integral, que incluirá recomendaciones sobre reformas que fortalezcan la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral.
La misión reiteró su compromiso con la independencia, neutralidad y no interferencia, concluyendo que el proceso de 2026 mostró avances significativos en organización, participación y supervisión, aunque persisten áreas susceptibles de mejora relacionadas con la confianza ciudadana y la gestión final del escrutinio.
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