La JEP acusó a militares, exguerrilleros y civiles por años de violencia en el Urabá

El 13 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó a comunidades indígenas y afrocolombianas de Urabá la decisión de imputar responsabilidad a 34 comparecientes en el marco del Caso 04, proceso que aborda crímenes cometidos en la región entre 1986 y 2002.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP concluyó la notificación del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), integrando un enfoque étnico en todo el procedimiento. La decisión implica a 21 miembros de la fuerza pública, ocho exintegrantes de las Farc-EP y cinco terceros civiles, señalados por delitos como asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento, violencia sexual, violencia reproductiva intrafilas y ataques a bienes civiles.

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Cabe recordar que el caso 04 investiga la situación territorial de la región de Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocoano en el periodo 1986-2016. Esta macrocausa se enfoca en conductas como desplazamiento forzado, homicidios, desaparición forzada, violencia sexual y despojo de tierras, involucrando tanto a las extintas Farc-EP como a la fuerza pública y terceros civiles.

Durante la etapa priorizada, la JEP identificó tres patrones criminales: la eliminación por prejuicio enemigo ejercida tanto por agentes estatales como por guerrilleros; el vaciamiento del territorio para despojo y repoblamiento, en el que participó la fuerza pública, grupos paramilitares, agentes estatales y terceros civiles; además del control sociocultural y territorial mediante captura del territorio, cooptación de estructuras organizativas y afectaciones a libertades individuales, atribuido a las Farc.

Según la JEP, la notificación se realizó a través de diligencias interculturales e interjurisdiccionales, con la participación directa de autoridades negras e indígenas de Apartadó (Antioquia), El Carmen del Darién, Acandí (Chocó), y Tierralta (Córdoba), entre el 9 de febrero y el 2 de marzo de 2026.

Estas zonas corresponden a los 14 municipios priorizados en el proceso: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, San Pedro de Urabá, Turbo, Acandí, Unguía, Riosucio, El Carmen del Darién, Nuevo Belén de Bajirá, Tierralta y Valencia. En el proceso participaron los 31 consejos comunitarios y 76 comunidades indígenas de 56 territorios ancestrales, agrupando a más de 54.163 víctimas con interés directo en las actuaciones del caso.

La notificación con pertinencia étnica se realizó en cumplimiento del enfoque étnico-racial que orienta todas las actuaciones de la JEP. El proceso se desarrolló mediante escenarios de diálogo horizontal, apoyado por la cooperación internacional, especialmente por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). La Sala de Reconocimiento activó las instancias de participación acordadas con las comunidades, permitiendo la intervención de los pueblos Emberá (Dobidá, Eyábida, Katío), Wounaan, Zenú y Guna Dule.

En el informe se describen los patrones de violencia y las modalidades de afectación que enfrentaron las comunidades en la región, y atribuye responsabilidad individual a los 34 comparecientes. Las víctimas acreditadas podrán formular observaciones, mientras que los responsables imputados tienen un plazo para presentar sus reconocimientos en el marco del proceso transicional.

La JEP resaltó que la notificación con enfoque étnico y cultural constituye un avance en la implementación del principio dialógico, asegurando la participación efectiva de colectivos étnicos como sujetos de derecho. El procedimiento se realizó en coordinación con las autoridades representativas de las comunidades, garantizando el respeto a las prácticas y cosmovisiones propias.

La Sala de Reconocimiento destacó que la decisión incorpora enfoques diferenciales, en línea con la normatividad nacional y la jurisprudencia transicional en materia de comunicaciones y notificaciones. El proceso busca asegurar que las víctimas y sus representantes tengan acceso oportuno y adecuado a la información relevante para la defensa de sus derechos y la presentación de observaciones.

Desde la JEP recordaron que el caso 04 se mantiene como una de las macrocausas de mayor complejidad en la jurisdicción transicional, por la magnitud del territorio investigado y la diversidad de actores involucrados.

También afirmaron que la reciente decisión marca el inicio de nuevas etapas procesales, en las que las comunidades acreditadas jugarán un papel fundamental en la construcción de verdad y reparación colectiva. La JEP reiteró su compromiso con el enfoque diferencial y la centralidad de las víctimas en todas sus actuaciones, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia transicional.