La Armada Nacional de Colombia logró incautar más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína en una operación realizada en las últimas 24 horas en el Pacífico central, luego de interceptar dos embarcaciones que transportaban el cargamento ilegal y capturar a cinco personas, informó el Ministerio de Defensa.
Las autoridades destacaron que la droga, cuyo valor en el mercado internacional supera los USD 56 millones (aproximadamente 280.000 millones de pesos colombianos), estaba destinada a organizaciones criminales que operan en rutas de narcotráfico marítimas.
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El operativo fue coordinado por la Fuerza Naval del Pacífico, bajo el mando del contralmirante Mauricio Gutiérrez, quien precisó que las interdicciones se realizaron a diez millas náuticas de bocas del río San Juan y a sesenta millas náuticas de Buenaventura, puntos estratégicos identificados mediante inteligencia militar y sistemas de radar.
Según explicó el contralmirante, estos sistemas permitieron localizar y desplegar unidades navales de manera precisa para interceptar las embarcaciones antes de que lograran avanzar con la carga ilícita.

Durante la operación, además del clorhidrato de cocaína, las autoridades incautaron combustible y equipos de comunicación que eran empleados para coordinar la logística del narcotráfico.
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La Armada Nacional resaltó la importancia de estas acciones en el marco de su estrategia permanente para detectar, interceptar y desarticular rutas utilizadas por organizaciones criminales en el Pacífico colombiano.
El Ministerio de Defensa recordó que, en lo que va del año, la Armada Nacional ha decomisado cerca de cien toneladas de estupefacientes, lo que evidencia la continuidad y efectividad de las operaciones marítimas y fluviales contra el tráfico ilegal de drogas.
Las autoridades enfatizaron que la presencia constante de unidades navales en esta región es fundamental para prevenir que cargamentos de narcóticos lleguen a los mercados internacionales, y para desarticular las redes criminales que operan desde puntos estratégicos de la costa pacífica.
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Las acciones contra el narcotráfico en el litoral pacífico hacen parte de una ofensiva más amplia desplegada por las fuerzas militares y de policía en diferentes zonas del país. En particular, el suroccidente colombiano ha sido escenario de operaciones dirigidas a debilitar las estructuras armadas que se financian mediante el tráfico de drogas y el control de rutas ilegales.
El operativo militar iniciado el 2 de marzo de 2026 en Bajo Calima, zona rural del distrito de Buenaventura, fue presentado por el Gobierno como uno de los golpes recientes contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La acción fue liderada por la Armada Nacional y dejó como resultado la muerte de cinco integrantes de la columna Jaime Martínez, estructura armada ilegal señalada de operar en esta región del país.
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Durante esa operación también se registró la captura y sometimiento de otros cinco integrantes del grupo armado, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades para iniciar los respectivos procesos judiciales.
De acuerdo con reportes oficiales, la intervención militar se llevó a cabo en una zona considerada estratégica para el control de corredores utilizados para actividades ilícitas.
En el desarrollo del operativo en Bajo Calima, las autoridades incautaron trece fusiles, un tubo cañón de ametralladora, más de 3.000 cartuchos de distintos calibres, granadas y artefactos explosivos improvisados. Todo este material quedó bajo custodia de las autoridades competentes como parte de las investigaciones en curso.
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Las operaciones también contaron con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de unidades de investigación criminal de la Policía Nacional, que participaron en las tareas de inteligencia y seguimiento a los grupos armados presentes en la región.
Según información oficial, estos despliegues respondieron a una serie de ataques previos atribuidos a la misma estructura ilegal.
Las autoridades sostienen que la presencia de estos grupos armados en zonas del Pacífico colombiano está relacionada con la disputa por el control de territorios estratégicos para el tráfico de estupefacientes.
La ubicación geográfica y las condiciones del litoral facilitan el tránsito de embarcaciones que intentan transportar cargamentos hacia rutas internacionales.
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