Diez extranjeros, entre ellos nueve ciudadanos estadounidenses y uno de Anguila, recibieron prohibición de ingreso en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro (Antioquia), tras detectarse que buscaban realizar turismo orientado a la explotación sexual.
La medida forma parte de un refuerzo de controles migratorios que responde a las directrices de la Presidencia para combatir la trata de personas y proteger los derechos humanos.
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Migración Colombia inadmitió a los diez viajeros luego de entrevistas migratorias y la revisión voluntaria de su equipaje, acción que hizo concluir a la entidad migratoria el motivo de sus viajes.
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La prohibición de ingreso se aplicó como medida preventiva para resguardar a la población local y evitar que el territorio sea destino de actividades ilícitas.
El primer procedimiento involucró a los estadounidenses, quienes llegaron en un vuelo de Copa Airlines desde Miami, con escala en Panamá, y permitieron que se inspeccionaran sus pertenencias. Los funcionarios determinaron rápidamente que el objetivo de su viaje no correspondía al turismo regular.
El ciudadano de Anguila fue inadmitido en la madrugada de ese mismo día, procedente de República Dominicana. Aceptó ante autoridades migratorias que pretendía “escoger mujeres para tener relaciones sexuales en su país”, lo que llevó también a su inadmisión inmediata.
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Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó el trabajo de los oficiales en Antioquia y Chocó.
“Quiero reconocer el trabajo riguroso de nuestros oficiales de Migración Colombia en la Regional Antioquia – Chocó, quienes con profesionalismo y criterio migratorio están contribuyendo a la seguridad de Medellín y su área metropolitana. Estos resultados responden también a la instrucción impartida por el presidente Gustavo Petro de fortalecer los controles migratorios para prevenir delitos asociados a la explotación y la trata de personas”,
Además, reconoció que estas acciones se ajustan a las instrucciones presidenciales de fortalecer los controles migratorios y prevenir delitos relacionados con la explotación sexual y la trata de personas.
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Inadmisión de extranjeros por explotación sexual en cifras
En lo que va de 2026, la terminal aérea de Rionegro ya suma 26 casos de inadmisión de extranjeros asociados a propósitos de explotación sexual.
En el 2025, hubo 110 extranjeros inadmitidos por este motivo en el país, de los cuales unos 80 fueron detectados en esta terminal, principal puerta internacional hacia Medellín.
Estas cifras evidencian la importancia estratégica del aeropuerto en la detección temprana de intentos de ingreso con fines ilícitos. Las autoridades mantienen una vigilancia permanente para impedir el uso del país como destino de este tipo de actividades.
La normativa vigente otorga a Migración Colombia la facultad exclusiva para impedir el ingreso de extranjeros cuando, durante los controles, se detecta que no cumplen los requisitos o representan un riesgo para la seguridad o los derechos humanos.
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Acciones y controles contra la trata de personas en Colombia
Las acciones de Migración Colombia se extienden más allá de los aeropuertos. El Grupo de Verificación Migratoria realiza operaciones en distintas ciudades con el objetivo de identificar y desarticular redes dedicadas a la explotación sexual y la trata.
La captura en Medellín de dos ciudadanos extranjeros con antecedentes por trata de personas y homicidio en Venezuela intensificó la vigilancia de las autoridades migratorias y policiales en zonas de fiesta como el Parque Lleras, el 10 de marzo del 2026.
“Kata”, identificada también como Katherine y de nacionalidad venezolana, y “Gokú”, con doble ciudadanía colombo-venezolana, fueron localizados en El Poblado y el Conjunto Residencial Reserva Serrat Selva en operativos realizados desde 2023, según reportó Migración Colombia.
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La expulsión de “Kata” se ejecutó luego de confirmarse una sentencia firme de nueve años de prisión por trata de personas, dictada por un juzgado del Área Metropolitana de Caracas y verificada por el Consulado General de Venezuela.
La condenada había logrado operar en Colombia mediante documentos falsificados y, de acuerdo con el Centro Operativo Anti Trata de Personas (Coat) del Ministerio del Interior, organizaba conexiones de prostitución y venta de drogas en áreas nocturnas del Parque Lleras.
Por su parte, “Gokú” era buscado por el Juzgado de Control Nro. 06 de El Vigía por robo agravado, lesiones a adolescentes, homicidio calificado y porte ilícito de arma de fuego.
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Según las investigaciones, actuaba con apariencia de turista y facilitaba robos para redes criminales venezolanas. La coordinación para su captura involucró a Interpol, que intervino tras comprobar procesos judiciales abiertos en su país de origen.
El resultado de estos operativos evidenció la presencia persistente de redes venezolanas dedicadas a delitos de explotación sexual, expendio de estupefacientes y robos en sectores comerciales y de ocio nocturno de Medellín. Aunque ambos detenidos no tenían antecedentes en Colombia, los procesos activos en Venezuela llevaron a las autoridades a evaluar si deben ser juzgados localmente o extraditados.
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