Precio de la vivienda en Colombia es cada vez más alto y el país entró en un penoso listado: estos son los hogares más afectados

Colombia se convirtió en uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) con mayor aumento en los precios de la vivienda durante la última década, al registrar una subida del 53% desde 2015, según cifras del organismo. El incremento de los arriendos también supera al promedio de la región y afecta de manera considerable a los hogares de menores ingresos.

Y es que en los últimos diez años, los precios de la vivienda y los arriendos en Colombia aumentaron de gran manera por factores como una oferta insuficiente, restricciones urbanas, encarecimiento de materiales y nuevas regulaciones. Esto obligó a millones de familias a destinar una parte creciente de los ingresos mensuales al pago de vivienda y arriendo, lo que reduce la capacidad de cubrir otras necesidades básicas y amplía las brechas de desigualdad.

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El índice de la Ocde sitúa a Colombia como el sexto miembro del bloque con mayor encarecimiento en el valor de la vivienda desde 2015, con un índice de 153. El dato supone un alza del 53% respecto a ese año. Además, el índice de precio de arriendo alcanza 149,9, es decir, un incremento del 49,9% en la misma década. El país supera así a economías como Canadá, Alemania o Reino Unido en el aumento acumulado.

Factores que explican el aumento de los precios de la vivienda

Asimismo, el alza de los precios responde a una combinación de causas estructurales. La profesora de la Universidad del Rosario Clara Inés Pardo explicó que el crecimiento de la demanda, impulsado por la urbanización y el aumento de hogares unipersonales o familias más pequeñas, rebasó la capacidad de respuesta de la oferta formal de vivienda.

En grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, la presión sobre la oferta se agrava por restricciones de suelo, licencias y desafíos en la planificación urbana. Dichas condiciones ralentizan la construcción de nuevos proyectos y generan una brecha cada vez mayor entre demanda y oferta de vivienda, detalló Pardo.

Además, políticas de subsidios y el acceso extendido al crédito estimularon la demanda. Programas como Mi Casa Ya y subsidios a tasas de interés facilitaron la obtención de créditos hipotecarios, sobre todo durante años de tasas bajas. “Durante años de tasas relativamente bajas, el crédito hipotecario se expandió con fuerza, lo que impulsó la compra de vivienda y aumentó la presión de demanda, sin que la oferta creciera al mismo ritmo”, señaló la profesora a El Colombiano.

La etapa posterior a la pandemia también incidió al encarecer los materiales de construcción como el acero y el cemento, junto con el aumento de los costos del suelo urbano. Estos factores elevaron directamente el valor final de las viviendas, según ambos medios.

Contracción del sector y políticas regulatorias

Se debe tener en cuenta que el sector de la construcción enfrenta su ciclo más negativo en más de dos años, con diez trimestres de caída consecutiva y una contracción del 6,5% en el último trimestre de 2025.

La concejal de Bogotá Sandra Forero, expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), indicó a Portafolio que la oferta formal de vivienda acumula 21 meses seguidos de reducción, lo que refuerza la presión sobre los precios y complica el acceso a opciones habitacionales formales.

Forero advirtió que la contracción no solo responde a factores económicos sino también regulatorios. Una de las propuestas más debatidas es la de fijar el tope de precio para la vivienda de interés social en 135 salarios mínimos ($270.000.000), en vez de los 150 ($300.000.000) actuales para ciudades con mayores costos de suelo como Bogotá. Esto limitaría la capacidad constructiva y la disponibilidad de nuevas unidades, según explicó.

Según ella, el Ministerio de Vivienda insiste en regulaciones que dificultan el desarrollo de vivienda social formal en las principales ciudades.

Dentro de los cambios analizados, la propuesta de establecer precios en pesos desde el lanzamiento de los proyectos podría llevar a incrementos automáticos hasta los máximos permitidos, lo que reduce la diversidad de opciones y el margen de maniobra para los constructores.