Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, fue presentado ante un juez de Bogotá por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento lujoso, bajo la acusación de supuesto tráfico de influencias.
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La Fiscalía presentó a Roa ante un juez debido a que, en la negociación de un apartamento ubicado en el barrio Chicó, se le acusa de haber ofrecido convenios relacionados con filiales de la petrolera al vendedor, el policía retirado Juan Guillermo Mancera.
Esta actuación habría favorecido al exuniformado con una contratación en la compañía estatal, un hecho que sitúa al directivo en el centro de investigaciones por presunta corrupción y posibles violaciones de los topes de financiamiento en la campaña presidencial más reciente.
Acusación judicial contra Ricardo Roa por compra de apartamento
El proceso parte de las supuestas irregularidades ocurridas durante la compra del apartamento, situado en un noveno piso de la zona norte de Bogotá. Las autoridades judiciales consideran que Roa intervino directamente en la transacción con Mancera, vinculando el contrato inmobiliario con un beneficio laboral en Ecopetrol.
La Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía encargó a la fiscal designada la exposición formal de los cargos, centrados en el presunto tráfico de influencias en esta operación. Los hechos analizados forman parte de una serie de investigaciones abiertas sobre la contratación en empresas estatales.
Detalles sobre el presunto tráfico de influencias en el caso Ecopetrol
El fiscal delegado contra el crimen organizado indicó que la actuación favoreció a Juan Guillermo Mancera, quien recibió un contrato en Ecopetrol luego de la compraventa del inmueble con Roa. La investigación detalla que la supuesta ventaja fue otorgada después de la operación inmobiliaria.
El caso ha adquirido notoriedad por sumarse a otros escándalos de presunta corrupción en empresas públicas. Además, la situación pone bajo escrutinio la gestión y la imagen de Ecopetrol en el ámbito nacional.
Defensa de Roa y otras investigaciones abiertas
La defensa de Ricardo Roa, asumida por el abogado Juan David León, anunció que cuestionará la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía tanto en el proceso por la compra del apartamento como en la causa relacionada con la financiación de la campaña presidencial.
Se prevé que el jueves Roa enfrentará una segunda imputación, esta vez relacionada con la presunta violación de los topes de financiamiento electoral en la campaña de 2022. Ambos procesos continúan siendo objeto de atención en los ámbitos político y judicial.
La estrategia de la defensa busca desacreditar los elementos presentados por la Fiscalía y debilitar las acusaciones en contra de su cliente.
Tras la imputación, el abogado Juan David León Quiroga, defensor de Ricardo Roa, solicitó precisiones sobre la acusación. Cuestionó la claridad de la narrativa presentada por la Fiscalía respecto al supuesto delito de tráfico de influencias, planteando que “no es claro el rol que tuvo Roa sobre decisiones de entregar contratos de la filial Hocol”, a pesar de tener el cargo de presidente de Ecopetrol, según quedó consignado en la audiencia, transmitida virtualmente ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá.
El jurista debate la naturaleza de la operación inmobiliaria, apuntando que la compra del apartamento no debería ser catalogada como ilegal. Además, pidió a la fiscalía que justificara detalladamente las causas por las cuales Ecopetrol decidió cancelar en abril de 2025 el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, un negocio vinculado a Mancera, y alegó: “La exposición mediática es un atentado contra la honra”.
Declaraciones de Roa y próximos pasos de la investigación
Desde noviembre de 2024, cuando estallaron los escándalos vinculados a su persona, Ricardo Roa ha negado reiteradamente ante los medios y ante la Fiscalía cualquier relación con actividades ilícitas o con la manipulación de contratos de la estatal. Sostiene que adquirió el apartamento con fondos propios y que desconocía los intereses de Iácono.
La Fiscalía General de la Nación investiga ahora si los hechos constituyeron realmente algún acto de corrupción en la administración pública o si, como sostiene la defensa, se trató de una operación inmobiliaria legítima.
El proceso judicial continúa abierto, con la atención centrada en las pruebas sobre la diferencia de $927 millones en el precio de compra del inmueble y en los contratos adjudicados en el sector energético durante la presidencia de Roa.
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