La incineración de 30 votos en una mesa escrutadora de Bucaramanga desató un debate en medio del escrutinio de las elecciones legislativas recientes y amenazó con modificar la composición de la Cámara de Representantes por Santander.
El procedimiento, realizado en el Colegio Aurelio Martínez Mutis, surgió tras detectarse una discrepancia de 30 tarjetones de más respecto al número de sufragantes oficialmente registrados, y se concretó conforme a lo estipulado en la ley electoral colombiana, poniendo en potencial riesgo la curul de Ferley Sierra, representante electo por Alianza Verde, que advierte que una diferencia ajustada de 600 votos podría privarlo de su escaño en el Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.
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La controversia creció cuando, durante el escrutinio oficial, los jueces responsables procedieron a retirar al azar y posteriormente quemar 30 votos en la mesa 18 del Colegio Aurelio Martínez Mutis, en Bucaramanga.
El acto fue ejecutado con la verificación de testigos y delegados y fundamentado en el artículo 135 del Código Electoral, que obliga a eliminar los tarjetones excedentes en escenarios en los que el número de sufragios depositados supera la cantidad de ciudadanos habilitados que participaron.
“APERTURA DE LA URNA ART. 135.— Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiere un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente. En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, con expresión del número de sobres excedentes", dice el código electoral.
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"NOTA: Actualmente no se trata de papeletas ni sobres, sino de tarjetas electorales, de conformidad con los artículos 258 de la Constitución Nacional y 7º Ley 84 de 1993″, dice el código electoral", se añade en el texto.
El abogado y analista político Gerardo Martínez explicó que esta disposición no constituye una irregularidad ni es exclusiva del caso de Bucaramanga, sino que es de cumplimiento obligatorio en cualquier mesa de votación en la que se presente este tipo de anomalía. Martínez detalló que la norma exige que “los jueces están en la obligación de escoger el número de votos sobrantes al azar y proceder a quemarlos sin revelar a quiénes pertenecían”, dijo el experto en declaraciones a Vanguardia.
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La aplicación de este mecanismo afecta de manera directa a los candidatos cuyos sufragios son elegidos al azar para ser destruidos, ya que el procedimiento impide conocer previamente la filiación de los votos eliminados.
El proceso de quema se llevó a cabo bajo la supervisión de delegados de distintas entidades y testigos electorales, que certificaron la ejecución conforme al protocolo legal.
Sierra sostuvo que estas situaciones se repitieron en varios puntos de Santander durante el recuento, afectando de manera aleatoria sufragios de diversos candidatos y partidos.
A pesar de la polémica generada, expertos como Gerardo Martínez consideran que el método, aunque controvertido, garantiza la transparencia y congruencia de los resultados frente a posibles intentos de fraude, aunque esto implique la pérdida de votos legítimos.
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El caso de Bucaramanga impacta la disputa por la última curul
Ferley Sierra, que alcanzó 28.918 votos en el preconteo y logró provisionalmente el escaño de representante por Alianza Verde en Santander, denunció públicamente que la eliminación de votos podría alterar el resultado final del escrutinio y beneficiar al partido Pacto Histórico.
Sierra manifestó en redes sociales: “Van a quemar 30 votos en este momento... en la urna había 176 votos, pero realmente había 146 votantes. Qué dolor, qué dolor Santander”.
El excandidato a la Gobernación detalló que la diferencia con el siguiente escaño, que podría recaer en Yolanda Silva Romero del Pacto Histórico, ronda los 600 votos.
Si la cifra repartidora —el mecanismo matemático para asignar curules— se ve modificada por la eliminación de sufragios, Alianza Verde podría perder su representación en la Cámara.
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Sierra lamentó que el procedimiento, aunque obligatorio por ley, castiga a los electores legítimos: “El sistema lo que hace es que al azar saca los 30 votos que alguien corrupto puso de más en esa mesa de votación y se queman los votos limpios de ciudadanos que fueron honestamente a votar”, afirmó.
El dirigente reiteró la gravedad: “Estamos a 600 votos de perder la curul. Posiblemente vamos a perder la cámara que con tanto esfuerzo y sacrificio ganamos.”
Ferley Sierra concluyó señalando: “Esto está pasando en todo Santander. Lamentablemente así funciona el sistema.”
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