Agarrón entre Ernesto Samper y el Centro Democrático por Juan Daniel Oviedo: “Parece que los hechos siguen ocurriendo a sus espaldas”

La controversia por el número de casos de falsos positivos en Colombia reavivó la disputa política y judicial en agosto de 2024.

El expresidente Ernesto Samper afirmó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sacó a la luz 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que llevó al Centro Democrático a rechazar la cifra y defender que estas muertes no están vinculadas a sus políticas de seguridad, como lo comprobó la Justicia Especial de Paz (JEP).

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El debate influye en la agenda electoral, especialmente en torno a la candidatura de Paloma Valencia y la selección de su fórmula vicepresidencial.

La cifra de 6.402 deriva de un universo provisional construido por la JEP a partir de bases de datos de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y organizaciones de derechos humanos.

Según el comunicado oficial de la jurisdicción, este número no representa expedientes judiciales ni sentencias, sino que está sujeto a procesos de revisión y contraste técnico. Hasta la fecha, solo se han imputado responsabilidades en dos subcasos y no se han emitido decisiones sancionatorias.

Samper, en su cuenta oficial en X, remarcó la necesidad de preservar la JEP y respaldó la postura de Juan Daniel Oviedo. Destacó que Oviedo condicionó la posibilidad de integrar la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, a la defensa de los acuerdos de paz y a la permanencia de la jurisdicción especial.

Samper señaló que la JEP “ha conseguido, entre otros logros, sacar a la luz 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos y resarcir con esta misma verdad a miles de víctimas”.

Centro Democrático y JEP: cifras y responsabilidad en los falsos positivos

El Centro Democrático replicó en la misma red social, subrayando que la JEP no posee expedientes de los 6.402 casos y que esa cifra proviene de un “universo provisional de hechos”, construido a partir de registros y no de investigaciones concretas en cada caso. El partido insistió en que “la política de Seguridad Democrática JAMÁS tuvo relación con los falsos positivos (sic)”, marcando distancia entre sus acciones anteriores y estos crímenes.

La JEP, mediante un comunicado en agosto, aclaró que la cifra surge del examen de varias bases de datos, pero no corresponde a expedientes judiciales individuales.

Precisó que solo se han dictado dos Autos de Determinación de Hechos y Conductas, con imputación de responsabilidad contra 41 comparecientes en los subcasos Costa Caribe y Casanare. La jurisdicción enfatizó que aún “en ningún caso se ha emitido una decisión sancionatoria”.

El número de casos y la interpretación oficial de la JEP

La JEP puntualizó que “los 6.402 corresponden al universo provisional de hechos y como tal no son expedientes”. Explicó que este dato proviene de registros oficiales y de organizaciones humanitarias, lo que ha permitido focalizar el análisis, pero no significa que existan sentencias ni investigaciones individuales en esa cantidad.

El comunicado resaltó que el procedimiento requiere comprobar, contrastar y depurar la información antes de elaborar nuevas imputaciones. Hasta el momento, los únicos casos con responsables individualizados corresponden a dos subcasos y suman 41 personas imputadas, sin que existan sanciones firmes. La cifra de 6.402 funciona como referencia contextual, no como un listado de procesos formales.

Justicia transicional y disputa política en la campaña

El futuro de la justicia transicional ocupa un lugar central en la campaña presidencial colombiana. La discusión alrededor de la posición de Oviedo y las exigencias de Samper elevó la tensión política, mientras la candidatura de Paloma Valencia centra la atención sobre el rumbo del proceso de paz.

En una entrevista con Caracol Radio, Samper advirtió que eliminar la JEP sería un grave retroceso para Colombia y valoró como “valiente” la defensa de la jurisdicción especial por parte de Oviedo.

Por su parte, el senador Rafael Nieto, en ese mismo diálogo con el medio mencionado, enfatizó que quienes aspiren a la fórmula con Valencia deben aceptar sus condiciones, señalando que “la honestidad pasa claramente porque los electores sepan por qué se está votando. No se pueden cambiar de convicciones como cambiar de ropa interior”, de acuerdo con lo recogido en la emisora.

El debate sobre la justicia transicional polarizó posiciones en el Parlamento y la opinión pública. Algunos sectores consideran a la JEP clave para la verdad y la reparación, mientras otros cuestionan la legitimidad de sus cifras y su continuidad institucional, aumentando la tensión en la contienda electoral.

El camino que tome Colombia en relación con la JEP y la justicia transicional será decisivo para el proceso de paz. Para quienes, como Oviedo, condicionan su participación electoral a la vigencia de este modelo, la decisión será determinante para el destino político y social del país.

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