La EPS Coosalud informó que se identificaron presuntas irregularidades que podrían tener incidencia administrativa, fiscal o incluso penal, de acuerdo con los resultados de un informe final de auditoría forense entregado el 16 de febrero de 2026.
Según explicó la EPS en un comunicado, el proceso de auditoría fue contratado en agosto de 2025 con una firma auditora internacional. La iniciativa, de acuerdo con lo señalado por la organización, tuvo como propósito fortalecer los mecanismos de control interno y reforzar la transparencia en las operaciones de la EPS, mediante una revisión técnica especializada orientada a identificar posibles irregularidades dentro de la estructura administrativa y financiera.
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La auditoría forense es un mecanismo utilizado en procesos de investigación relacionados con posibles delitos financieros o conductas irregulares dentro de organizaciones públicas o privadas. Este tipo de revisiones busca identificar, analizar y documentar evidencias que puedan ser utilizadas en investigaciones administrativas o judiciales.
Coosalud explicó que, tras conocer los resultados, los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que se evalúen dentro de los procesos investigativos correspondientes. Según indicó la EPS, la decisión se adoptó bajo criterios de responsabilidad institucional frente a los resultados del análisis.
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Asimismo, la organización explicó que las evidencias documentales relacionadas con los hallazgos permanecen bajo custodia del auditor forense que participó en la investigación técnica. “De esta manera, y haciendo uso del debido proceso, mediante orden de Policía Judicial, se proceda a la extracción de los soportes probatorios que permanecen bajo custodia del auditor forense, con el fin de avanzar en las investigaciones que correspondan”, indicó la entidad en el mismo comunicado.
El proceso de auditoría forense se desarrolló en medio de la intervención administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud contra la EPS. La medida fue adoptada el 22 de noviembre de 2024 tras la identificación de diferentes problemas en el funcionamiento de la entidad.
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En ese momento, la autoridad sanitaria señaló la posible existencia de deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, lo que motivó la intervención forzosa administrativa con el objetivo de proteger los recursos del sistema de salud y garantizar la continuidad en la atención a los afiliados.
Posteriormente, en diciembre de 2024 se conocieron resultados preliminares derivados de los primeros análisis realizados en como parte de la intervención. Dichos resultados fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación y señalaron la existencia de un posible riesgo relacionado con operaciones de lavado de activos.
En agosto de 2025, cuando Coosalud firmó el contrato para la auditoría forense, el entonces superintendente nacional de salud, Giovanni Rubiano García, recordó que todas las EPS que se encuentran bajo intervención deben adelantar este tipo de procesos como parte de los mecanismos de control institucional. El funcionario explicó en ese momento que la finalidad de estas revisiones técnicas era “garantizar la transparencia y proteger los recursos de la salud”, mediante el análisis detallado de la información administrativa y financiera de las entidades intervenidas.
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Posición de la entidad frente al proceso
Tras la entrega del informe final y la remisión de los hallazgos a la Fiscalía, Coosalud reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones que puedan derivarse del dictamen técnico.
La organización señaló que continuará suministrando la información requerida dentro del proceso judicial y facilitando los procedimientos necesarios para que las autoridades accedan a los soportes probatorios recopilados durante la auditoría.
“Coosalud reitera su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia, y continuará colaborando con las autoridades competentes”, concluyó la entidad en el comunicado divulgado a la opinión pública.
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